Santo Domingo, R.D.- En El Comentario de 7 SEGUNDOS, los panelistas discutieron con vehemencia las implicaciones del escape o la ausencia de control sobre el recluso implicado en el caso del niño Yostín Peralta asesinado por un exconvicto que habría cumplido una pena de 20 años por abuso a menores, el abogado José Cabral y el experto en seguridad Carlos Leclerc, ofrecieron posturas enfrentadas sobre si el suceso revela fallas estructurales en el sistema de justicia y vigilancia penitenciaria.
El abogado José Cabral calificó el hecho como “lamentable”, pero advirtió que no se puede asumir que “el sistema haya fallado” por este episodio aislado. Argumentó que la justicia penal se sustenta en conceptos como la pena, y que atribuir culpabilidad estructural al sistema ante cada falla individual desvirtúa su función central.
Señaló además que, si se generaliza el error, se estaría discriminando a toda la población carcelaria y comparó la reacción mediática de este caso con el del político dominicano Jean Alain Rodríguez, indicando que el Estado ha volcado todos sus esfuerzos en ese caso, más por “amarillismo publicitario” que por defensa de principios jurídicos sólidos.
Carlos Leclerc: «hay ignorancia institucional y fallas explícitas»
Por su parte, el experto en seguridad Carlos Leclerc sostuvo que algunas partes del sistema sí fallaron, especialmente en el seguimiento y control del recluso. Criticó a la Procuraduría General de la República por no haber monitoreado con eficacia al individuo favorecido con salida custodiada.
Además, acusó a la Policía Nacional de tener conocimiento del desplazamiento del sujeto y no haber actuado con la diligencia que exige su peligrosidad.
Subrayó que ese agresor “ya consumado” circuló libremente sin que se interviniera, lo que considera un claro síntoma de deficiencias operativas.
7 SEGUNDOS fue escenario de dos visiones antagónicas: por un lado, la cautela jurídica de Cabral, que advierte el riesgo de juzgar al sistema por casos excepcionales; por otro, la exigencia operativa de Leclerc, que exige responsabilidades concretas ante fallas evidentes. Ante el fervor social, recae sobre el Estado demostrar con hechos que ese tipo de incidentes no volverán a repetirse.