En la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en contra de los agentes involucrados en la Operación Pandora, se indicó que las municiones sustraídas por los agentes del departamento de Intendencia de Armas de la Policía Nacional eran comercializadas en la provincia de Pedernales a delincuentes haitianos.
El expediente acusatorio también revela que el coronel Narciso Féliz Romero, encargado del departamento de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, recibía dinero en efectivo del cabo Rosario por las municiones vendidas. Este último obtenía el dinero de un contacto en Haití, y lo transportaba en una mochila para pasar desapercibido.
La acusación no solo imputa a los oficiales de distintos rangos de la Policía Nacional, sino que también involucra a la empresa Tactical Accessories RH, SRL, señalada como parte del esquema de comercialización ilegal de más de 900,000 municiones.
Según el MP, los acusados establecieron una organización criminal que, en colaboración con civiles, aprovechó sus cargos para robar, traficar y comercializar municiones de diversos calibres, incluidos los de fusiles, así como equipo policial adquirido por el Estado para garantizar la seguridad y el orden público, el cual estaba bajo custodia policial.
El expediente de 213 páginas señala que la investigada Yaquendry Shakira Segura Feliz compró varias cajas de municiones de diferentes calibres a otro de los investigados, y estas fueron enviadas a su prima, Miguelina Bello Segura, quien se dedica a la comercialización ilegal de municiones y materiales relacionados en la provincia de Pedernales.
Otros puntos que señala el expediente
El expediente destaca que Bello Segura recibía decenas de cajas de municiones de diferentes calibres para comercializarlas, vendiéndolas a un precio que oscilaba entre RD$5,200 y RD$6,000.
Señala además que el exesposo de Bello era un reconocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, una actividad ilícita que la imputada ha continuado en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación. Asimismo, puntualiza que la acusada vendía las municiones de manera clandestina a nacionales haitianos, quienes las utilizaban comúnmente en actividades criminales.
Especifica que el coronel Féliz Romero aprovechó su posición en el departamento para llevar a cabo acciones delictivas de sustracción, venta y comercialización de municiones y accesorios que estaban bajo su control y custodia. Para ello, utilizó a los miembros Nelson Valdez, Jorge Zorrilla, Héctor Acevedo y Morelbin Medina.
Según el expediente, a pesar de conocer los resultados de una inspección que se realizó en octubre de 2024 sobre la existencia de municiones en los depósitos de la Intendencia de Armas, el coronel Féliz Romero, en colaboración con el Capitán Valdez, se encargó de que no se reportara la falta de municiones encontradas durante dicha inspección. Es decir, trataron de ocultar la desaparición de municiones para evitar que se registrara oficialmente.
Utilizaban cajas falsas para ocultar la falta de municiones
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA) especifica que la auditoría realizada el 24 de octubre arrojó un faltante de 908,001 municiones de diferentes calibres. El coronel Féliz y el capitán Santos dieron instrucciones al personal involucrado para que llevaran a cabo maniobras con el objetivo de ocultar la desaparición de las municiones, ya que estas iban a ser contabilizadas.
“Además de decidir realizar unos activos falsos con las cajas de los cartuchos camuflados, dentro de las cajas de municiones 5.56 mm, instruyó que se buscaran proyectiles de este mismo tipo, del depósito del polígono de la sede policial, para rellenar los faltantes, participando el mismo oficial en estos movimientos para aparentar que las municiones estaban allí”, dice el expediente.
Asimismo, también explica que el coronel se autoasignó un fusil, el cual posteriormente comercializaba a través de WhatsApp en conjunto con las municiones.
“Se obtuvo la imagen del referido fusil que era promocionado para fines de venta por el Raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio (a) Escobar, P.N., quien se lo ofreció en venta al Cabo Melvin Manuel Sierra Gil, P.N., como se puede apreciar en una conversación por mensajería WhatsApp sostenida el 19 de septiembre de 2024 a un precio de 195 mil pesos», cita en el texto.
Se espera que el próximo lunes 25 de noviembre se conozca la medida de coerción contra los imputados en el caso, la cual será clave para determinar las acciones legales a seguir, en un hecho que demuestra la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones encargadas de la seguridad del país.