En una reciente operación contra el tráfico ilegal de personas, el Ministerio Público presentó un caso en la corte y pidió 18 meses de prisión preventiva para Edgar Batista Matos, quien fue deportado desde los Estados Unidos la semana pasada. Este procedimiento es para que se enfrente a las acusaciones de tráfico de migrantes agravado en los tribunales de la República Dominicana.
Batista Matos era el capitán de la embarcación que naufragó el año pasado en la playa de Guayacanes, cuando se dirigía a Puerto Rico con más de 60 personas a bordo, de las cuales cinco fallecieron, incluyendo a una niña que era hija del acusado.
La procuradora de corte, Yoanna Bejarán Álvarez, quien dirige la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto con la fiscal Aleika Almonte Santana, la fiscal Suleyka Mateo de San Pedro de Macorís y el fiscal Ariel Zacarías de esa provincia, ante el Ministerio Público, solicitaron que al acusado se le imponga prisión preventiva como medida de coerción y que el caso sea considerado de tramitación compleja.
Se informó que la jueza Darlis Altagracia Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, decidió aplazar la audiencia para la medida de coerción para este viernes, 14 de marzo, a las 9:00 de la mañana, después de aceptar una petición de la defensa del acusado para recopilar información.
Referente al caso, se detalló que la embarcación zarpó con rumbo a Puerto Rico en la madrugada del 27 de julio de 2024 y se volcó media hora después, frente a la costa de la playa Guayacanes, cuando comenzó a llenarse de agua.
La solicitud de medida de coerción indica que ese día, miembros de la Armada de la República Dominicana, con ayuda de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), así como la Defensa Civil y varios pescadores locales, lograron rescatar a aproximadamente 43 personas, entre ellas, un joven de 17 años.
El hundimiento resultó en cinco muertes y varios desaparecidos. Las víctimas incluyen a Yiseer Bergar Mateo, Macquerbin Santa Medina, Randy Rafael Díaz Román, Miguel Rodríguez García y la niña mencionada.
En la investigación se descubrió que Batista Matos estaba encargado de llevar a los migrantes indocumentados a Puerto Rico, cobrando a cada uno alrededor de seis mil dólares estadounidenses por el viaje.
Después de que la embarcación se hundiera, el acusado huyó, escapando de la justicia y, evidentemente, salió del país utilizando los mismos métodos ilegales que intentó usar para trasladar a las víctimas, siendo deportado de Estados Unidos el 4 de marzo de 2025 y llevado a la República Dominicana.
La Unidad de Reintegración de Repatriados de la Procuraduría General de la República entregó a Batista Matos a la PETT, y este organismo especializado del Ministerio Público tomó las medidas necesarias para llevarlo ante la justicia por infringir varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El Ministerio Público señaló en un comunicado de prensa que en este caso se debe aplicar la prisión preventiva como medida coercitiva, ya que es la más adecuada para asegurar su comparecencia en el proceso.