El Ministerio Público presentó un expediente de 537 páginas para solicitar medidas de coerción contra diez imputados por presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Según el documento, los colaboradores del entonces director de la institución, Santiago Hazim, utilizaban expresiones como «Eso es del CEO», «Eso es del Olimpo» o «Vino respaldado» para aprobar contratos de prestadores que no cumplían con los requisitos mínimos ni legales.
El expediente señala que Hazim delegaba órdenes en sus dos asistentes más cercanas, Johana Fernández y Johana Grullón, quienes las ejecutaban en su nombre. Dichas instrucciones, precisa el documento, eran consideradas «inapelables».
Asimismo, se indica que en la institución se creó de manera arbitraria un «Comité de Contrataciones Médicas», instancia inexistente en la estructura oficial de Senasa y sin sustento legal. Este comité, conformado por funcionarios de su círculo más cercano, centralizaba la aprobación de contratos y operaba al margen del Comité de Compras y Contrataciones previsto en la Ley 340-06.
Las investigaciones del MP revelan que dicho comité funcionaba como un mecanismo para favorecer selectivamente a prestadores vinculados al entorno político, personal y económico de Hazim. Los contratos se aprobaban con justificaciones como «aportó en la campaña» o mediante supuestos pagos de sobornos.
El Ministerio Público sostiene que las contrataciones se realizaron fuera de los procedimientos establecidos, catalogando servicios como «de salud» para evadir controles. Además, se documenta la existencia de una coalición interna entre funcionarios cercanos a Hazim, entre ellos el consultor jurídico Germán Robles, quien habría tenido un rol determinante en la aprobación de prestadores preferenciales.
Por este caso, diez personas permanecen detenidas en espera de que se les conozcan medidas de coerción.