Este lunes, el Ministerio de Justicia de Corea del Sur prohibió al presidente, Yoon Suk-Yeol, salir del país mientras se le investiga por traición y otras acusaciones, después de proclamar la ley marcial la semana anterior.
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (conocida por sus siglas en inglés como CIO) pidió la acción al Ministerio de Justicia, de acuerdo con la declaración de su máximo responsable, Oh Dong-hoon, frente al Parlamento.
La policía y la Fiscalía de Corea del Sur investigan a Yoon como sospechoso de traición, amotinamiento y abuso de autoridad, acusaciones que también impactan a varios altos cargos gubernamentales y militares implicados en la polémica medida, dictada aparentemente con razones únicamente relacionadas con la supervivencia política del presidente y la de la primera dama, a quien se le imputan cargos de corrupción.
El CIO, una entidad establecida en 2021 con el objetivo de garantizar una investigación más objetiva de altos puestos públicos, ha solicitado a la policía y fiscales que le remitan el caso.
Después del fracaso de la moción parlamentaria para destituir al presidente el sábado pasado, el conservador Partido del Poder Popular (PPP) expresó su objetivo de conseguir que Yoon deje su cargo como presidente «de manera anticipada y organizada», y que mientras tanto «dejara de tomar responsabilidades en cuestiones estatales, incluyendo la diplomacia», en beneficio del primer ministro, Han Duck-soo.
El principal partido opositor, el Partido Democrático Liberal (PD), ha rechazado el plan del PPP, que parece tratar de reducir al mínimo posible el perjuicio que la ley marcial, declarada por Yoon, es anticonstitucional, y tiene la intención de presentar otra propuesta en el Parlamento el miércoles con el fin de inhabilitar al mandatario.