SANTO DOMINGO, R.D.- Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana emitió la primera sentencia a nivel nacional que autoriza la aplicación de la figura de la venta anticipada de bienes incautados, en el proceso que se sigue contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo. La decisión fue tomada por la magistrada Vicky Chalas, quien acogió un pedimento presentado por los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PEPCA), junto a la fiscal Mayerling Rondón de La Romana.
Los bienes autorizados para la venta pertenecen a la empresa Novasco Real Estate SRL, vinculada a los cabecillas de la red delictiva, entre ellos Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como líder principal y actualmente detenida en Colombia, a la espera de extradición hacia la República Dominicana. El Ministerio Público explicó que la venta anticipada tiene como propósito evitar el deterioro de bienes como materiales de construcción y equipos de oficina, que pierden valor con el paso del tiempo y las condiciones de almacenamiento.
Según las autoridades, los fondos recaudados serán depositados en una cuenta estatal administrada con fines de eventual resarcimiento a las víctimas, una vez que un tribunal emita una sentencia condenatoria con decomiso definitivo.
Aplicación de la Ley 60-23
La decisión se fundamenta en el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados, normativa que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Entre los bienes puestos en venta figuran inmuebles, mezcladoras, sacos de cemento, varillas, maquinarias, equipos de oficina y aires acondicionados pertenecientes a los proyectos inmobiliarios simulados que formaban parte del esquema fraudulento, como el denominado Romana Victoriana Residences.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios ficticios, captando inversionistas de la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa bajo el nombre de la reconocida empresa internacional RE/MAX. Las investigaciones establecen que la organización recibió un monto total de US$18,851,583.12 mediante estas operaciones fraudulentas.
Los principales imputados, Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, cumplen 18 meses de prisión preventiva, medida ratificada recientemente. Asimismo, fueron arrestados e impuestos un año de prisión preventiva a Loana Paola Guerrero Milián, contable de Novasco Real Estate, y a Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa. También enfrentan cargos Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, identificadas como masters brokers dentro del esquema.
El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos relativos a estafa, asociación de malhechores, delitos de alta tecnología y lavado de activos, contemplados en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.