En los últimos días, el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael J. Féliz García, ha estado en el centro del debate público tras la difusión de una investigación periodística que lo vincula a un supuesto esquema de recaudación interna dentro de la institución.
De acuerdo con el reportaje, durante la gestión de Féliz García habría operado una presunta estructura mediante la cual empleados del ITLA realizaban aportes de su salario para contribuir al Movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio, organización que, según se indica, es presidida por el propio rector. La investigación sostiene que los colaboradores entregaban un porcentaje de su remuneración como parte de un mecanismo de contribución periódica al referido movimiento.
Ante la repercusión de estas informaciones en distintos espacios periodísticos y plataformas digitales, el ITLA emitió un pronunciamiento oficial con el objetivo de ofrecer aclaraciones a la opinión pública, enfatizando su compromiso con la responsabilidad y la transparencia institucional.
En su comunicado, la entidad manifestó que reconoce y valora el ejercicio del periodismo de investigación, así como el interés ciudadano en la transparencia y la integridad en la función pública, especialmente en lo relacionado con los procesos administrativos y de nómina.
Asimismo, el ITLA aseguró que no existe ni ha existido disposición institucional, instrucción administrativa ni procedimiento de nómina que autorice descuentos, retenciones o deducciones salariales destinados a movimientos políticos o a actividades ajenas a los fines del Instituto. Según la institución, la gestión administrativa y de personal se rige por el estricto cumplimiento de la Constitución, la Ley de Función Pública y las normativas vigentes, garantizando el respeto a los derechos de sus colaboradores.
Con el propósito de reafirmar la correcta aplicación de sus procedimientos y despejar cualquier duda, el ITLA informó que ha dispuesto una verificación de sus procesos internos. De igual forma, comunicó que remitió una notificación formal a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), poniendo a disposición la documentación e información institucional necesaria para una revisión técnica de carácter preventivo, conforme a las mejores prácticas de integridad pública.
La institución también reiteró que sus relaciones laborales se fundamentan en el respeto y la libertad individual, por lo que ningún colaborador debe sentirse presionado, condicionado o recibir trato diferenciado por su participación o no en actividades ajenas a sus funciones.
Por último, , el ITLA reafirmó que mantiene disponibles sus mecanismos de transparencia y acceso a la información para la ciudadanía y los medios de comunicación, conforme a la Ley núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, y expresó su disposición de colaborar con cualquier proceso de verificación que contribuya al esclarecimiento de los hechos.