El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha aprobado la asignación de RD$300 millones a la Procuraduría General de la República para la instalación de bloqueadores de señal en los centros penitenciarios del país. Esta iniciativa busca combatir el uso ilícito de teléfonos móviles por parte de los reclusos, una práctica que ha facilitado actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
El anuncio fue realizado por el presidente de Indotel Guido Gómez Mazara, quien destacó la importancia de esta medida para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y contribuir a la reinserción social de los internos. “Además de los bloqueadores, garantizamos una campaña educativa para concienciar a la población sobre las llamadas fraudulentas”, afirmó Gómez.
La asignación de fondos fue aprobada durante la sesión 036-2025 del Consejo Directivo de Indotel, realizada el pasado jueves.
Los RD$300 millones facilitarán a la Procuraduría llevar a cabo la licitación requerida para la compra de los dispositivos. Indotel ha solicitado que la Dirección General de Presupuesto supervise la implementación de estos fondos, garantizando así la transparencia y eficacia en su utilización.
Se instalarán en un plazo de seis meses
La instalación de estos bloqueadores se llevará a cabo en un plazo de seis meses y se espera que, una vez implementados, se reduzcan significativamente las comunicaciones no autorizadas. La Procuraduría ha manifestado su compromiso de trabajar en conjunto con Indotel para asegurar el éxito de esta iniciativa.
Expertos en seguridad penitenciaria han señalado que el uso de tecnología para controlar las comunicaciones en las cárceles es un paso crucial para desmantelar redes criminales que operan desde el interior.
El proyecto se iniciará con la implementación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino en La Vega, el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 en Azua, Anamuya en Higüey y el recinto penitenciario de Santiago. Estas instalaciones fueron elegidas por su alta incidencia de delitos cibernéticos relacionados con el uso indebido de teléfonos móviles.