SANTO DOMINGO.- El 27 de octubre de 2014, la República Dominicana fue testigo de un día de tragedia y asombro. Un atentado tuvo lugar en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, dejando a 18 personas heridas con quemaduras y otras lesiones.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana cerca de la estación Ramón Cáceres y la Mauricio Báez. Un individuo llamado Franck Kelin Holguín prendió fuego a su mochila, que contenía material inflamable, dentro de un vagón. Esto resultó en quemaduras para siete personas, dos de las cuales sufrieron heridas graves, y más de diez heridos colaterales.
La escena fue caótica, con usuarios del tren y sus familiares enfrentando pánico y confusión. Más de 11 camiones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 15 ambulancias del servicio de emergencia 911 y más de 100 socorristas se movilizaron para llevar a cabo una de las operaciones de rescate más grandes registradas en el país hasta ese momento.
Los heridos y condena
Entre los heridos se encontraban personas como Francis González Gil, Merilin de León, Carlos Paulino, Elidenny Gómez y Ana Lurden Vargas. Otros pacientes requirieron atención médica por diversas lesiones, desde fracturas hasta dificultades respiratorias debido a la inhalación de monóxido de carbono.
Francis González Gil sufrió quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo y fue erróneamente señalado como el principal sospechoso del atentado. Las quemaduras le causaron discapacidad auditiva, atrofia muscular en una mano y requirió terapias para recuperar la movilidad de sus piernas.
Las cámaras de seguridad del tren revelaron que el autor del ataque, Frank Kelin Holguín Medina, estaba en el mismo vagón que González Gil, justo detrás de la puerta del conductor, y lanzó la mochila con inflamables en dirección a donde se encontraba González Gil.
En marzo de 2016, Holguín Medina fue condenado a 35 años de prisión por violar la Ley 267-08, convirtiéndose en el primer dominicano condenado por terrorismo, que conlleva una pena máxima de entre 30 y 40 años de prisión. También se le ordenó pagar una indemnización de 241,160.61 euros o su equivalente en pesos a favor de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) por los daños causados a uno de los vagones del Metro.
En términos civiles, se le impuso el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a Francis González, 5 millones de pesos a Merilin de León, 2 millones de pesos a Mario Emilio Salas, 2 millones de pesos a Carlos Alejandro Radhamés, así como 1 millón de pesos a Leoncio de la Cruz, Catalina Perdomo y María Altagracia Díaz, respectivamente, además de los costos legales del proceso. El atentado provocó pánico y terror entre la multitud que corría desesperadamente tratando de salvar sus vidas.
