OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS.- En estos días, ha vuelto a ocupar la atención nacional el tema de la reforma fiscal, y todo indica que la situación financiera del Estado ha llegado a un punto límite. No se trata de alarmismo, sino de una realidad que se venía gestando desde hace años, y que tarde o temprano debía enfrentarse. Parece que ese momento ha llegado.
Se comenta que la reciente reunión de los expresidentes, además de abordar el delicado tema haitiano, tuvo como propósito coordinar acciones y consensos en torno al desafío fiscal que vive la República Dominicana. La designación del reconocido economista Magín Díaz como nuevo Ministro de Hacienda no parece ser casualidad, sino más bien una señal de que el gobierno está dispuesto a dar un giro técnico y responsable en materia económica.
Es evidente que el gobierno del presidente Luis Abinader se enfrenta a serias limitaciones fiscales, con un nivel de gasto corriente que ha crecido sostenidamente y que ahora condiciona su margen de maniobra. En este contexto, una reforma fiscal integral podría parecer la única salida viable, aunque no exenta de costos políticos. Cualquier intento por reorganizar el sistema tributario implicará necesariamente un sacrificio de popularidad, abriendo un espacio potencial a la oposición para capitalizar el descontento sin tener que asumir aún el peso de una reforma impopular.
Este es un juego de equilibrios delicados, donde la responsabilidad no puede caer exclusivamente sobre un actor político. El gasto público excesivo no es producto de una sola administración: es el resultado acumulado de décadas de decisiones, promesas, y prácticas que hoy presionan los límites del modelo económico vigente.
En un país altamente dependiente de la inversión extranjera, el turismo y la confianza internacional, evadir la discusión o postergarla indefinidamente podría ser más costoso que asumirla con madurez. Es fundamental enfrentar esta realidad fiscal con criterios técnicos, visión de largo plazo y un mínimo de consenso político.
Lo peor que podríamos hacer como sociedad es convertir este debate en una trampa de desgaste partidista. La sostenibilidad del Estado es un bien común, y requiere que cada sector —público, privado, político y ciudadano— entienda su rol y actúe en consecuencia.
Es momento de abrir los ojos con prudencia, sin estridencias, pero con determinación. La estabilidad futura del país depende de las decisiones que tomemos hoy.