Jones Ernest, ciudadano haitiano con residencia permanente en la República Dominicana, afirma que el contratista dominicano Máximo Alexander Miranda Pérez se niega a pagarle por la construcción de dos villas en Don Juan y Peralvillo, provincia Monte Plata. Según Ernest, los pagos recibidos hasta ahora no corresponden al trabajo realizado.

Ernest detalló que el monto total de la obra asciende a RD$1,488,000, incluyendo materiales, pero que hasta el momento solo ha recibido pagos incompletos y ha enfrentado contradicciones por parte del propietario. Según su versión, el contratista afirma ante las autoridades que la construcción costó menos de lo acordado y que ya le habría entregado pagos que, según Ernest, “no corresponden con la realidad del trabajo ejecutado”.

“Yo hice un trabajo de un millón veintecientos mil pesos. Él está diciendo al fiscal que me dio un millón cuatrocientos, y que con RD$375,000 yo hice la obra, pero eso no es verdad”, expresó, refiriéndose a las dos viviendas levantadas para el mismo cliente: la de Don Juan, terminada hace un año, y la de Peralvillo, en la que lleva nueve meses trabajando.

El denunciante también dijo que, además de negarle el pago, el contratista habría intentado intimidarlo enviando agentes del Dicrim para que lo entreguen a Migración.

“Él me manda los Dicrim a buscarme como si yo fuera ilegal, para entregarme en Yamasá. Cuando llegué allá me dijeron que eso era asunto de la fiscalía”, relató.

Jones Ernest afirmó que ha intentado formalizar la denuncia en varias fiscalías, pero asegura que el proceso ha sido obstaculizado.

“Fui a la fiscalía de Yamasá, me mandaron a Monte Plata. Cuando llegué allá, el fiscal entregó la madera al dueño y ese mismo día me pusieron otra denuncia. No me están dando paso para poner mi denuncia”, se quejó.

Visiblemente afectado, el maestro constructor explicó que la situación ha afectado su economía y su salud. Señaló que tiene dos hijas en el colegio, cuyos pagos no ha podido cubrir durante más de tres meses, y que el estrés ha elevado su presión arterial.

“Yo tengo dos meses que no puedo ni hacer las compras. No tengo dinero ni para pagar un motorista. Tengo dos niñas en el colegio, pago 11,500 pesos de colegio. No puedo seguir así. Yo estoy legal aquí, tengo mi seguro del gobierno. Solo quiero que me paguen mi trabajo”, afirmó entre lágrimas.

Finalmente, Jones Ernest hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se atienda su caso.“He pasado toda mi vida trabajando. No quiero que todo mi esfuerzo se pierda. Solo pido justicia”, concluyó.