Las anomalías financieras se detectaron en los programas Quisqueya Somos Todos y Quisqueya Digna, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, durante la administración de José Leonel Cabrera. En una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección General de Proyectos Estratégico y Especiales de la Presidencia de la República se confirmaron alegadas irregularidades en contratos de obras, compras y alquileres de maquinarias por RD$ 598,800,771, que infringen, entre otras leyes, la normativa 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado. Las anomalías financieras se detectaron en los programas Quisqueya Somos Todos y Quisqueya Digna, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, durante la administración de José Leonel Cabrera, al frente de la entidad. De acuerdo con la Contraloría, se adjudicaron contratos de reparación de viviendas con inversores de compañías proveedoras, quienes a su vez son empleados del Estado en violación al Reglamento de Aplicación 543.12 de la citada ley.
Las contratas irregulares se firmaron mediante la modalidad de Comparación de Precio, a la Corporación Internacional de Proyectos , que tienen como accionista a Eduardo Ernesto Mejía y Mejía y Alexander Ernesto Mejía y Mejía. La investigación reveló que Eduardo Ernesto compró las acciones en la compañía a Ramón Ernesto de Jesús Mejía y Media, quien se desempeña como director de Gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que Alexander Ernesto es un teniente ingeniero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, lo cual infringe la mencionada legislación de Compra y Contrataciones.
Estos contratos establecen compras con nueve compañías suplidoras que, supuestamente, entregaron equipos pesados para la intervención de vertederos en diferentes lugares, así como pintura y disolventes para el Programa Pinta tu Barrio en Cavidad, en los que se habría vulnerado normas fundamentales del Control Interno.
La Contraloría revela que la entidad, bajo el mando de José Leonel Cabrera, alquiló maquinarias pesadas a compañías para hacer trabajos en 7 verteros situados en distintos parajes, por un monto de RD$ 228,206,319.12, las cuales aparecen con números de chasis y pólizas de seguro repetidas entre proveedores, en violación a las normas de Control Interno y la Ley 340-06, indica el informe.
En las 58 páginas del informe de la auditoría se muestran otras irregularidades financieras, no menos graves, que afectaron recursos públicos y pudieron llevar a cabo acciones legales contra los involucrados.