El sistema financiero dominicano mantiene atrapados más de RD$12,239 millones pertenecientes a clientes fallecidos, según cifras oficiales al cierre de mayo de 2026. El dato, revelado por el Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (Simbad) de la Superintendencia de Bancos, expone un problema que crece año tras año y que afecta directamente a familias que esperan acceder a los recursos de sus parientes.
El monto representa un incremento interanual de 10.4 %, equivalente a RD$1,152 millones adicionales respecto al mismo período de 2025. La tendencia al alza refleja la lentitud de los procesos de entrega y la falta de mecanismos ágiles para resolver trámites patrimoniales.
Del total de recursos, el 81.1 % está en moneda nacional, unos RD$9,925 millones, mientras que el 18.9 % restante corresponde a depósitos en divisas extranjeras. Entre enero y mayo de este año, el saldo aumentó en RD$620 millones, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 5.3 %.
Las estadísticas muestran que la mayor concentración de estos fondos se encuentra en los bancos múltiples, que administran RD$10,590 millones (86.5 % del total). Las asociaciones de ahorros y préstamos manejan RD$1,605 millones (13.1 %). En conjunto, ambas categorías concentran el 99.6 % de los recursos de clientes fallecidos.
Por tipo de instrumento, las cuentas de ahorro son las que acumulan la mayor proporción, con RD$7,441 millones, equivalentes al 60.8 % del total. Le siguen los depósitos a plazo (RD$3,846 millones), certificados financieros (RD$444 millones) y cuentas de ahorro programado (RD$9 millones).
Ante esta realidad, la Superintendencia de Bancos sometió a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que busca modernizar los procedimientos de acceso a información patrimonial y agilizar la entrega de bienes y fondos de menor cuantía. La iniciativa pretende ofrecer respuestas más rápidas y accesibles a ciudadanos que enfrentan trámites derivados del fallecimiento de un familiar.
El proyecto fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para su conocimiento y trámite legislativo. La propuesta se presenta como un intento de frenar la acumulación de recursos inmovilizados y garantizar que las familias puedan disponer de lo que legítimamente les corresponde.