La Fiscalía busca la revisión de la decisión judicial ante presuntos fallos en el proceso contra el rapero estadounidense Tekashi, también conocido como 6ix9ine, quien enfrenta acusaciones por violencia de género e intrafamiliar en la República Dominicana. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la directora de Violencia de Género, Ana Villa Camacho, ha formalizado un recurso de apelación contra las medidas de coerción dictadas por la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

El caso involucra a Daniel Hernández, alias Tekashi, quien enfrenta alegaciones de agresiones contra su pareja, la cantante Jorgina Guillermo Díaz, también conocida como Yailín la Más Viral, así como contra su madre, Wanda Díaz Núñez. La apelación presentada ante la secretaría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cuestiona la decisión de la jueza Veloz, argumentando errores normativos y omisiones significativas que, según el Ministerio Público, ponen en riesgo la seguridad de las víctimas y la integridad del proceso judicial.

Entre los errores señalados por la Fiscalía se encuentra la supuesta intervención indebida de abogados y la desestimación de evidencias clave, como llamadas de auxilio y la posesión de un celular por parte de Tekashi en su celda, presuntamente utilizado para intimidar testigos. Se destaca también la vulneración de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho de Wanda Díaz Núñez a ser escuchada, así como la necesidad de una medida privativa de libertad para el acusado, considerando su condición de extranjero y el riesgo de fuga.

La institución recalca la importancia de proteger a las víctimas de violencia de género y evitar su revictimización, citando la Ley No. 339-22 que permite la participación virtual de las víctimas en casos de delitos sexuales y violencia de género para su protección. La medida de coerción original impuesta a Tekashi incluye una fianza de 30 mil pesos, restricción de salida del país, presentaciones periódicas ante el Ministerio Público y la obligación de someterse a vigilancia y recibir charlas en un centro especializado.

Se estableció además una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, prohibiéndole a Tekashi cualquier forma de contacto o intimidación. La apelación subraya la necesidad de una respuesta judicial más severa ante los actos de violencia reportados, reflejando la gravedad de las acusaciones y el compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas de violencia de género. El caso, catalogado bajo la Ley 24-97, aguarda la revisión y decisión de la Corte de Apelación.

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