La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dio a conocer la madrugada de este jueves la medida de coerción contra los hermanos Espaillat después de más de 12 horas de disputa en el proceso legal.
Antonio y Maribel Espaillat fueron acusados de homicidio involuntario por el desplome del techo de la reconocida discoteca Jet Set el pasado 8 de abril en la presentación del fallecido merenguero Rubby Pérez, donde también fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridos.
En la sentencia, la jueza Veloz dispuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos imputados.
Lo que dice el fiscal
Por su parte, Miguel Valerio, representante legal de los hermanos, se mostró satisfecho ante la medida, calificándola como válida al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
«Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje. El gran aprendizaje es lo que dijo la jueza, las medidas de instrucción tienen un carácter instrumental para que se presenten al proceso, y el señor Espaillat se ha presentado a todas».
Asimismo, Valerio puntualizó en que es necesario estudiar el peritaje mostrado por el Ministerio Público para fijar una posición.
A la audiencia se presentaron alrededor de 80 afectados en calidad de querellantes. Otros 40 acordaron con los propietarios de Jet Set para no demandar en la parte civil.
Posición del Ministerio Público
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la medida y puntualizó en que la jueza no valoró el daño a la sociedad, pese a que el caso fue declarado complejo, «sobre todo, a 235 personas que murieron», calificándolo como “una burla a las víctimas”.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño para la sociedad dominicana, para las 235 personas que murieron, más de 180 heridos. Y más de 130 niños que quedaron huérfanos”, expresó el procurador adjunto.