Santo Domingo, RD —En una reciente entrevista para 7 SEGUNDOS, el abogado Felipe Ramírez habló sobre una sentencia relacionada con el Código Procesal Penal, explicando el fallo que afecta a dicho cuerpo legal debido a una irregularidad en su aprobación, al haber sido declarado inconstitucional.
Ramírez afirma que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucional el Código Procesal Penal vigente, debido a que su modificación en 2015 fue realizada únicamente por el Senado, sin pasar por la Cámara de Diputados, incumpliendo así el proceso bicameral que establece la Constitución. Esta decisión afecta la legitimidad formal del Código, aunque en la práctica se ha venido aplicando con normalidad.
La sentencia establece que el sistema de justicia opera actualmente bajo incertidumbre, ya que el Tribunal otorgó un plazo para corregir esta falla y evitar que el Código sea declarado inconstitucional de forma definitiva. Sin embargo, a siete meses de esa decisión, el problema no ha sido corregido, lo que genera preocupación sobre el futuro inmediato de la legislación penal.
Volver al Código Procesal Penal de antes sería un retroceso
Ramírez afirma: «Volver al Código Procesal Penal desactualizado que teníamos antes de la modificación con la 10-15. Estamos hablando de que estaríamos entrando en una inestabilidad y tomando un viaje hacia el retroceso», y agrega que esto afectaría tanto a víctimas como a victimarios, ya que el Código Procesal Penal actual ofrece protecciones y procedimientos más adecuados a la realidad constitucional y social vigente desde la Constitución de 2010.
El experto subraya la necesidad urgente de que el Congreso corrija esta situación, estudiando conjuntamente el nuevo Código Penal —ya aprobado por ambas cámaras y pendiente de promulgación presidencial— junto con la reforma del Código Procesal Penal, para garantizar coherencia y constitucionalidad en el sistema de justicia penal dominicano.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también ha solicitado al Congreso que legisle para enmendar esta irregularidad antes de que finalice el año, evitando así que el sistema judicial continúe operando sin un marco legal plenamente constitucional.
Desconfianza del pueblo y caos en la justicia penal
Ramírez advierte que los procesos actuales bajo el Código Procesal Penal vigente están saturando el sistema de justicia, generando retroceso y provocando una fuerte inestabilidad en el ámbito penal. Esto afecta directamente la confianza del ciudadano común en las instituciones judiciales.
Aunque la Constitución Dominicana establece un Estado de derecho con separación de poderes y garantías fundamentales, esta confianza popular se ve limitada y erosionada cuando el sistema judicial parece fragmentarse, especialmente por razones políticas.
Se cita como ejemplo la percepción social de injusticia: los casos de corrupción de alto perfil suelen ser tratados de forma distinta a los delitos menores, lo que alimenta la desconfianza y la sensación de impunidad o desigualdad ante la ley. Esta situación genera un problema social profundo, similar al que vivió Haití en décadas pasadas con la progresiva destrucción de su institucionalidad.
Justicia desigual y caos legal amenazan el sistema
Ramírez resalta que el acceso a la justicia debe ser igual para todos, sin importar clase social o color de piel, aunque reconoce que el clasismo está presente en todos los niveles. También señala que, aunque ha habido avances legales importantes —como la Constitución de 2010 y la independencia del Ministerio Público—, estos no han sido suficientes para mejorar la percepción ni la eficacia del sistema judicial.
Se discute la complejidad de los procesos judiciales actuales, especialmente ante la posibilidad de que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional cause confusión legal al invalidar aspectos del Código Procesal Penal. Esto obligaría a manejar los casos vigentes con el código anterior, generando caos procesal y posibles vulneraciones de derechos, tanto para las víctimas como para los acusados.