SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados de la República Dominicana está analizando un proyecto de ley con el objetivo de regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en sectores clave como la educación, justicia, comunicación, finanzas y salud.
El proyecto, presentado en junio de este año por los diputados Ramón Ceballos (saliente), Braulio de Jesús, Juan José Rojas, Julio César López, Mateo Espaillat, Kenia Bidó y Pedro Martínez, busca organizar el uso, implementación y desarrollo de la IA en el país. Según el documento, se requiere que sistemas como Chat GPT expliquen cómo llegan a sus conclusiones, asegurando que los procesos y algoritmos de la IA sean accesibles y auditables, lo cual incrementaría la confianza y facilitaría la detección y corrección de errores.
El artículo tres de la propuesta legislativa subraya que los sistemas de IA «deben ser transparentes» en su operación, ofreciendo información clara sobre sus métodos y criterios de decisión. Además, obliga a los sistemas de IA que utilizan contenido audiovisual a proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, su integridad y sus derechos fundamentales.
Otros aspectos del proyecto
La ley también busca proteger a los ciudadanos de posibles discriminaciones y garantizar que reciban explicaciones sobre decisiones automatizadas. Aunque no se especifican las consecuencias, se menciona que los administradores de sistemas de IA podrían enfrentar multas o prohibiciones si no muestran sus algoritmos o si violan derechos de privacidad e información.
Otra medida clave es el registro obligatorio de los sistemas de IA ante una autoridad competente en República Dominicana, proporcionando detalles sobre el propósito, funcionalidades y medidas de seguridad de cada sistema para asegurar transparencia y control.
Se propone la creación de una nueva entidad, la Autoridad Reguladora de Inteligencia Artificial (ARIA), que tendría autonomía técnica y operativa, financiada por fondos estatales anuales. Esta entidad estaría encargada de supervisar, auditar y sancionar a quienes incumplan la ley, con medidas que podrían incluir multas o prohibiciones temporales o permanentes de uso de sistemas de IA.
Esta regulación se alinea con prácticas similares en países como Canadá, Japón y China, que ya tienen marcos legales para controlar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.