OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS. Desde hace décadas, generaciones enteras de dominicanos han escuchado, una y otra vez, el mismo presagio: “este país se va a fuñir”. Y, sin embargo, el país sigue. No se derrumba, pero tampoco despega. Vive en un estado de contradicción permanente: se sostiene sin colapsar, pero no logra avanzar hacia un verdadero Estado de derecho. La estabilidad que aparenta no siempre es fruto de instituciones sólidas, sino de una gobernabilidad compleja, muchas veces informal, y en ocasiones invisiblemente articulada por intereses que no responden al bien común.
En este contexto, las reformas estructurales suelen ser más simulacro que realidad. El reciente anuncio de la aprobación de un nuevo Código Penal es un ejemplo de ello. Se ha presentado como un logro legislativo, pero al examinarlo con detenimiento, lo que realmente se ha puesto en escena es una vacatio legis de un año —una moratoria legal que retrasa su entrada en vigor— junto con la posibilidad de que los mismos legisladores que lo aprobaron lo modifiquen durante ese lapso. ¿Entonces qué fue lo que se aprobó? ¿Una ley o una promesa que probablemente no se cumplirá?
La ciudadanía percibe este tipo de maniobras como un engaño reiterado. Se alimenta una narrativa de progreso mientras se mantienen los mismos obstáculos de fondo: impunidad, intereses cruzados, estructuras judiciales vulneradas y una clase política experta en dar la apariencia del cambio sin tocar el núcleo del problema. La simulación se ha convertido en una herramienta de poder.
El problema no es solo jurídico, sino profundamente político y ético. No basta con redactar buenas leyes ni promulgar reformas. Hay que tener instituciones capaces de aplicarlas, jueces independientes para hacerlas cumplir, y una voluntad política real que no tema enfrentarse a los núcleos de poder que frenan la transformación.
Este ciclo de manipulación y postergación no se romperá mientras se siga gobernando desde la ambigüedad, el cálculo electoral y la superficialidad legislativa. Solo una ciudadanía vigilante, crítica y decidida a exigir coherencia entre el discurso y la acción podrá comenzar a desmontar este andamiaje de apariencias.
Romper el círculo vicioso de la simulación institucional no es fácil, pero es imprescindible. Porque sin verdad, sin justicia y sin coherencia, no hay República que se sostenga eternamente en pie.