Una jueza de Florida firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y en el que murieron cuatro personas.
La orden, suscrita el viernes por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, se fundamenta en indicios que apuntan a una posible conspiración para cometer asesinato en primer grado. El documento contempla el arresto sin derecho a fianza, según reportes de medios estadounidenses.
El caso se refiere al ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves de la organización, con sede en Miami. En el hecho fallecieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de ese país.
Las investigaciones sostienen que agentes cubanos infiltrados en Florida habrían recopilado información sobre los vuelos y la transmitieron a Cuba, lo que presuntamente facilitó la operación. Las autoridades de Florida consideran que esa actividad dentro de su territorio sustenta la jurisdicción estatal sobre el caso.
La nueva orden representa otro avance judicial en un proceso que volvió a cobrar impulso este año. En mayo, la justicia federal estadounidense presentó cargos contra Castro y otros cinco presuntos implicados por los asesinatos, la destrucción de las aeronaves y la conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tenía previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para explicar los detalles de la orden estatal, en una investigación reabierta por las autoridades de ese estado.
Un caso que sigue abierto tres décadas después
La organización Hermanos al Rescate se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban salir de la isla por vía marítima. El derribo de sus avionetas provocó una fuerte controversia entre Washington y La Habana y se convirtió en uno de los episodios más tensos de las relaciones entre ambos países.
Raúl Castro, de 95 años, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba cuando ocurrió el ataque. Las acusaciones en su contra se relacionan con su presunto papel en la operación; la orden de arresto no equivale a una condena judicial.
El caso se desarrolla en un contexto de nuevas presiones de Estados Unidos sobre el Gobierno cubano, mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica y persisten las tensiones políticas entre ambos países.