OPINIÓN, ANDRÉS A. BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- Hay momentos en la vida de un país en los que alguien tiene que decir en voz alta lo que todos saben, pero que nadie se atreve a declarar formalmente. Esta semana, finalmente, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) lo hizo: propuso declarar el tránsito dominicano en emergencia nacional. Y lo más sorprendente no es la propuesta… es que haya tardado tanto. Porque, seamos honestos, el tránsito dominicano dejó de ser un problema hace años; hoy es un fenómeno social, cultural, psicológico y hasta espiritual que el país entero vive cada día como una tragicomedia sin guion.
En República Dominicana los semáforos tienen una función muy particular: decorar las intersecciones. El rojo no significa detenerse; significa acelera antes que el de atrás te toque bocina. El amarillo no significa precaución; significa pisa a fondo que todavía da tiempo. Y el verde es simplemente la señal para que todos arranquen a la vez, incluso los que vienen en sentido contrario. Las motocicletas, por supuesto, son los auténticos filósofos del sistema: no creen en los semáforos, creen en la libertad absoluta del espíritu humano.
En cualquier otro país, las aceras son para peatones; en el nuestro, son carriles premium para motocicletas. El peatón dominicano camina con el mismo nivel de alerta que un explorador en la selva amazónica. Cruzar la calle es una mezcla de acto de fe, reflejos olímpicos y negociación con la providencia. Si usted va caminando y escucha una bocina detrás, no se sorprenda: probablemente un motor lo está adelantando por la acera… y molesto porque usted estorba.
Y aquí entra el capítulo más delicado de esta tragicomedia: las autoridades que regulan sin poder regular. Agentes que observan infracciones masivas como quien mira el mar, multas que no asustan, leyes que no se cumplen y normas que parecen simples sugerencias. Es como tener árbitros en un partido donde los jugadores decidieron que las reglas eran opcionales.
El verdadero problema no es solo legal ni institucional; es cultural. Hemos convertido el tránsito en la expresión diaria del individualismo extremo: yo paso primero, yo me parqueo donde sea, yo giro donde me convenga, yo me subo por donde pueda. El resultado es una jungla urbana donde todos pierden tiempo, dinero, salud mental y, tristemente, vidas.
Por eso la propuesta de FINJUS merece aplausos, porque decir que esto es una emergencia nacional es simplemente decir la verdad. El tránsito dominicano es un paciente en cuidados intensivos y no se salva con consejos ni campañas bonitas. Se salva con medidas urgentes, firmes y sostenidas; con autoridad real; con educación vial obligatoria; con sanciones que realmente duelan; con decisiones que incomoden. Sí, incomoden, porque cuando el interés individual choca con el interés general, en una sociedad organizada debe ganar el interés general.
El diagnóstico está hecho, los síntomas son visibles, las víctimas son reales, el costo económico es enorme y la paciencia ciudadana está agotada. Esto no puede seguir tomándose más tiempo. Si el país fue capaz de enfrentar crisis sanitarias, financieras y naturales, también puede enfrentar esta. Pero primero hay que aceptar lo obvio: esto es una emergencia nacional. FINJUS ha dado el paso de decirlo; ahora toca al país entero decidir si seguimos tocando bocina… o si finalmente empezamos a conducir hacia la solución.