OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS.- Escribo estas líneas con el peso del dolor histórico de una decisión que, de haberse tomado de manera distinta, pudo haber cambiado el rumbo de la economía dominicana en el inicio del siglo XXI. Me refiero a la no confirmación, en el período de gobierno 2000-2004, del entonces gobernador del Banco Central, un funcionario que conocía con claridad las debilidades del sistema financiero y había iniciado un proceso gradual de desmontaje y reformas que la banca requería con urgencia.
Ya para finales de los años noventa, las señales de vulnerabilidad eran inocultables. La radiografía del sistema estaba hecha. El propio Aristóbulo de Juan, consultor español de amplia experiencia internacional, había advertido de un modelo bancario altamente dolarizado, impulsado por las facilidades otorgadas a las operaciones offshore durante el gobierno de 1996-2000. Las normas de riesgo estaban apenas en proceso de implementación; los bancos operaban con capital insuficiente, mientras las autoridades conocían la existencia de préstamos a relacionados, inversiones cruzadas en negocios comerciales, medios de comunicación y proyectos inmobiliarios. Además, la política de la época prefería fundir bancos con debilidades dentro de otros más sólidos, para evitar liquidaciones que hubiesen desnudado las grietas del sistema.
En ese contexto, el gobernador del Banco Central de aquel entonces había iniciado correctivos, consciente de que era necesario exigir mayores niveles de capitalización, disciplina regulatoria y transparencia. Pero su sustitución en el cambio de gobierno dejó truncos esos esfuerzos.
Lo que siguió es parte de la memoria amarga del país. Al ignorar las advertencias y dejar sin continuidad a quien había iniciado el proceso de saneamiento, las debilidades explotaron en manos del gobierno de 2000-2004. La crisis bancaria que estalló en 2003 no fue un rayo en cielo sereno: era el derrumbe de un techo cuyas grietas habían sido claramente señaladas, pero que nunca se reforzó. Era como despedir al ingeniero que había identificado las fallas estructurales de un edificio, justo antes de que anclara las vigas necesarias para sostenerlo. El resultado fue el colapso de una parte fundamental del sistema financiero, con efectos devastadores en la economía nacional, en las finanzas públicas y en la confianza de los ciudadanos.
La historia muestra que, en economía, las decisiones mal calibradas pueden tener consecuencias de décadas. La no confirmación del gobernador del Banco Central en ese momento crítico representó un salto al vacío, reconocido incluso por el propio presidente de la época, quien admitió posteriormente que debió mantenerlo en el cargo. El costo para la nación fue enorme: una deuda cuasi fiscal abultada, el descrédito de la supervisión bancaria, la pérdida de ahorros de miles de dominicanos y una carga que todavía, más de veinte años después, repercute en la estabilidad de las finanzas públicas.
Hoy, al repasar esos hechos, queda la satisfacción del deber cumplido de quienes advirtieron al presidente electo en el 2000 que confirmara a quien podía consolidar las reformas sin traumas mayores. Pero también queda la amarga enseñanza de lo que sucede cuando las decisiones de Estado no se sopesan con visión histórica. El caso dominicano debe servir como lección para las futuras generaciones: en momentos críticos, la continuidad técnica y el respeto a los correctivos estructurales no son un lujo, sino una necesidad vital. Una equivocación en la conducción de la política monetaria y bancaria no solo afecta a los números, sino al destino de toda una nación.
Soñar con lo que pudo ser y no fue es un ejercicio doloroso, pero necesario. Porque comprender ese error histórico nos recuerda que en la vida de los pueblos hay decisiones que no admiten improvisación ni cálculos políticos de corto plazo.