OPINIÓN, ANDRÉS AYBAR BÁEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- Escribo estas reflexiones no como ingeniero eléctrico —porque no lo soy— sino como graduado de negocios y abogado, acostumbrado a analizar sistemas desde la óptica financiera, institucional y de gestión. A veces el sentido común, acompañado de experiencia administrativa, permite formular preguntas que los técnicos no siempre colocan en el centro del debate público.
El gobierno asumió en el año 2020 en medio de la mayor crisis sanitaria global de las últimas décadas. La pandemia obligó a redirigir recursos hacia salud, asistencia social y estabilidad macroeconómica. Era inevitable. El mundo entero frenó inversiones, postergó proyectos y priorizó lo urgente sobre lo estructural. Sin embargo, en ese contexto también se produjo una desaceleración significativa en la inversión pública, particularmente en sectores intensivos en mantenimiento como el eléctrico.
El sistema eléctrico no es una obra que se inaugura y luego funciona de manera automática. Es un organismo vivo que requiere mantenimiento constante, reposición de equipos, actualización tecnológica y supervisión técnica permanente. Cuando esas inversiones se detienen o se reducen al mínimo durante varios años, el deterioro no se manifiesta de inmediato; aparece más adelante, cuando la capacidad de respuesta del sistema se ve comprometida.
A ello se sumó una política fiscal marcadamente restrictiva en los primeros años de gestión. Desde la perspectiva financiera puede entenderse: el país enfrentaba presión sobre la deuda, caída de ingresos y una economía global incierta. Pero el sector eléctrico no es un gasto ordinario; es infraestructura crítica. Postergar su financiamiento puede generar alivio contable en el corto plazo, pero produce costos estructurales mucho mayores en el mediano plazo.
Otro elemento que no puede ignorarse es el ambiente político e institucional que rodeaba el sector. Históricamente, el sistema eléctrico dominicano ha estado vinculado a intereses económicos y estructuras administrativas asociadas a gobiernos anteriores. El inicio de la nueva administración estuvo marcado por tensiones, anuncios de posibles judicializaciones y una narrativa de revisión profunda de contratos y actuaciones pasadas. Ese ambiente, aunque comprensible desde la óptica de la transparencia, pudo generar cautela excesiva y lentitud en la toma de decisiones estratégicas. En sectores altamente técnicos y sensibles, la incertidumbre institucional suele traducirse en parálisis operativa.
Mientras tanto, las pérdidas en distribución continuaron creciendo. Las pérdidas técnicas y no técnicas, junto al peso de los subsidios, han representado una carga considerable para las finanzas públicas. Se habla de cifras que rondan miles de millones de dólares anuales. Más allá del número exacto, el impacto es evidente: el sector eléctrico sigue siendo uno de los principales focos de presión fiscal del Estado dominicano.
En los últimos meses, los apagones generales ocurridos en un período relativamente corto han encendido las alarmas. Aunque cada evento pueda tener explicaciones técnicas específicas, desde una mirada sistémica no puede descartarse que reflejen acumulación de rezagos en mantenimiento, modernización y fortalecimiento de redes. En sistemas complejos, las fallas rara vez obedecen a una sola causa; suelen ser el resultado de múltiples pequeñas omisiones acumuladas en el tiempo.
El Ejecutivo ha optado por cambios administrativos y rotación de funcionarios en el sector. Sin embargo, desde una óptica de gestión, sustituir personas sin modificar procesos, incentivos y estructuras produce resultados limitados. El problema eléctrico dominicano no es simplemente de nombres; es de modelo operativo, disciplina técnica y sostenibilidad financiera.
Si tuviera que sintetizar, diría que confluyeron tres factores determinantes: la pandemia, que interrumpió ciclos normales de inversión y mantenimiento; una política fiscal de contención que pudo haber sido excesivamente prudente para un sector estratégico; y un ambiente institucional de transición y revisión que ralentizó decisiones clave. La combinación de estos elementos creó un terreno propicio para el deterioro progresivo.
No se trata de descalificar ni de desconocer las complejidades de gobernar en circunstancias extraordinarias. Se trata de reconocer que el sector eléctrico es, históricamente, el talón de Aquiles de cualquier administración dominicana. Es un sistema donde la falta de continuidad, la politización y la postergación de inversiones terminan pasando factura.
El desafío ahora no es buscar culpables, sino asumir que nivelar lo que no se hizo en su momento tomará tiempo, recursos y voluntad política sostenida. La electricidad no admite improvisaciones prolongadas. Requiere planificación técnica, disciplina financiera y decisiones estructurales que trasciendan coyunturas electorales.
Desde la óptica de un hombre de negocios y del derecho, el problema eléctrico no es únicamente técnico: es institucional, financiero y de gobernanza. Y mientras no se aborde de manera integral, seguiremos reaccionando a las consecuencias en lugar de anticiparnos a las causas.