Tras negociaciones con el Ministerio Público, Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., involucradas en el caso de la Operación Coral, aceptaron un procedimiento penal abreviado.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la disolución de las empresas, el cierre de sus locales y el decomiso de sus bienes. Además, cada una deberá pagar una multa equivalente a tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones al Estado Dominicano.
Jonathan Pérez Fulcar, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), reveló que los representantes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. actuaron como «testaferros» del coronel Rafael Núñez de Aza y la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes están implicados como propietarios reales de las empresas en el caso Coral.
Pérez Fulcar explicó que estas personas designadas como representantes no poseen el perfil económico adecuado. Uno de ellos es un pintor de Santo Domingo Oeste, mientras que el otro es una joven estudiante que trabajaba en la casa de la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez, quien la nombró como propietaria sin tener experiencia ni conocimiento sobre las operaciones.
José Alberto Ortíz, abogado del Estado Dominicano, informó que los gerentes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. servirán como testigos en la acusación del Ministerio Público y en la demanda civil.
Estas empresas fueron apartadas del expediente del caso Coral el año pasado y se estima que desfalcaron al Estado Dominicano con alrededor de RD$360 millones, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
En cuanto a las empresas S.S.A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, la jueza Yanibet Rivas Méndez las declaró en rebeldía después de no presentarse a la audiencia de este martes, a pesar de la citación a sus representantes.
Los acusados en el caso de la Operación Coral y Coral 5G movieron más de RD$4,500 millones y compraron bienes por más de RD$2 mil millones a través de un esquema de corrupción que involucra a al menos 30 personas físicas y 18 personas jurídicas entre 2012 y 2020. Se apropiaron de fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Entre los acusados se encuentran el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Julio Camilo de los Santos Viola, el coronel Rafael Núñez D’ Aza, el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y otros.
El juicio ha sido interrumpido varias veces debido a la ausencia de los acusados y sus representantes legales. El Primer Tribunal Colegiado ha programado la próxima audiencia para el jueves 6 de junio a las 9:00 de la mañana.