El 17 de enero del 2024, el Ministerio de Educación (Minerd), dispuso la contratación de un seguro de vida para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano, con el propósito de garantizar que estén protegidos ante cualquier acontecimiento.}
Este seguro de vida fue propuesto por el antiguo ministro de Educación, Ángel Hernández, el cual consiste en una póliza con una cobertura de hasta RD$150,000 por estudiante. El seguro fue adquirido a través de Seguros Reservas bajo la póliza de salud estudiantil identificada con el número 2-2-112-0044137.
La medida ha destapado más preguntas que respuestas. La póliza, vigente desde hace casi dos años, es prácticamente desconocida no solo por la ciudadanía, sino también por directores, maestros y asociaciones de padres.
La falta de información y los mecanismos de implementación ubican esta iniciativa bajo un manto de dudas: ¿Quién sabía de este seguro? ¿Cómo se está administrando? ¿Dónde van los más de RD$542 millones anuales que el MINERD paga por este contrato? ¿Ha recibido alguna familia indemnización? Hasta ahora, no existe constancia pública de ello.
Un seguro fantasma: “existe”, pero nadie lo ha visto funcionar
Durante dos años completos, el MINERD ha destinado RD$867,456,000 al pago de una póliza de “seguro estudiantil”; en teoría, esta póliza protege a más de un millón y medio de estudiantes ante emergencias, intoxicaciones, accidentes y hasta muerte accidental. Sin embargo, en la práctica, la comunidad educativa desconoce totalmente su existencia y jamás la ha utilizado.
Lo preocupante es que, según docentes y familias de diversos centros educativos, nadie está enterado de cómo acceder a este seguro en caso de una situación de emergencia. No hay instructivos, no hay formularios públicos, no hay talleres de capacitación para las escuelas. Tampoco existe —al menos en los portales oficiales— un registro de reclamos aprobados o montos entregados.
El contraste entre lo que se paga y lo que realmente ocurre en las escuelas desvela un escándalo silencioso: el Estado ha invertido casi 900 millones de pesos en un seguro que no se aplica, no se informa y no está accesible para quienes debería beneficiar.
RD$542 millones anuales: ¿Dónde está el dinero?
El MINERD aseguró que paga RD$22.59 por estudiante al mes a Seguros Reservas, lo que totaliza un gasto anual superior a los RD$542 millones, ajustable si la matrícula crece.
Pero aquí surge la pregunta crucial: Si nadie sabía que existía el seguro y no hay evidencia de uso, ¿a dónde va ese dinero?
No se conoce un informe de auditoría, un desglose de los años en que se ha pagado esta póliza, la cantidad de reclamaciones realizadas y aprobadas o evidencias de que las familias han recibido indemnizaciones.
La opacidad del proceso alimenta sospechas de que el contrato podría ser simplemente un gasto recurrente sin control público ni fiscalización.
RD$867 millones por un seguro invisible
Documentos internos del Ministerio revelan que la póliza 2-2-112-0044137 contratada con Seguros Reservas ha significado:
RD$542,160,000 pagados en 2023.
RD$325,296,000 pagados en 2024.
Total en dos años: RD$867,456,000.
La prima original era de RD$22.59 por estudiante, luego reducida a RD$19.20 tras un “bono por buena experiencia”, lo cual implica que casi no hubo reclamaciones. Pero no hubo reclamaciones porque nadie sabía del seguro, no porque “la experiencia fue buena”.
La cobertura incluye:
RD$8,000 por procedimientos ambulatorios.
RD$50,000 por emergencias.
RD$150,000 por muerte o desmembramiento accidental.
Intoxicaciones dentro del plantel escolar, (se hace extensiva a desayuno y almuerzos escolares), precisa el documento. Además, se brinda en caso de riñas, excursiones, trayectos, campamentos y transporte escolar.
Es decir, cubre exactamente las emergencias que están ocurriendo en los centros educativos… pero no se utiliza.
Una póliza con más limitaciones que beneficios
Aunque la póliza promete protección amplia, las condiciones de exclusión reducen drásticamente su utilidad real: No cubre lesiones autoinfligidas, no cubre enfermedades preexistentes, no cubre accidentes si el estudiante está bajo efectos de alcohol o drogas (aunque se trata de menores de edad, esta cláusula parece más diseñada para negar que para proteger). No cubre incidentes derivados de tratamientos médicos o cirugías y tampoco cubre ataques epilépticos ni situaciones vinculadas a sonambulismo.
En otras palabras, el seguro suena robusto en papel, pero tiene suficientes puertas de escape para minimizar las responsabilidades del asegurador.
Familias desprotegidas y un Ministerio bajo cuestionamiento
El hecho de que el MINERD presente como logro una póliza que nunca fue comunicada ni activada genera alarma por varias razones:
Se crea una falsa sensación de seguridad, ya que miles de familias podrían asumir que sus hijos están protegidos cuando, realmente, no saben cómo reclamar ni qué tipo de incidente está realmente cubierto.
Se manejan fondos millonarios sin supervisión clara: RD$542 millones al año no es un monto menor. La falta de transparencia abre espacio para auditorías, investigaciones y cuestionamientos ciudadanos.
Las escuelas quedan sin herramientas para responder ante emergencias porque, si ocurre un accidente —como ha pasado en numerosas ocasiones en centros educativos del país—, los directores no cuentan con protocolos para activar la póliza.
No existe un aval público ni social: ni asociaciones de padres, ni sindicatos, ni organizaciones de protección infantil que hayan sido consultadas o siquiera notificadas. La implementación parece haber ocurrido unilateralmente.
Hasta ahora, ni el MINERD ni Seguros Reservas han presentado informes de uso, estadísticas de siniestros, estados financieros del contrato ni casos concretos de indemnizaciones.
El silencio institucional profundiza la percepción de que este seguro, más que una herramienta de protección, podría ser un gasto opaco dentro de la estructura del Ministerio.
Un seguro necesario, pero mal gestionado
La idea de un seguro estudiantil es positiva y necesaria. Sin embargo, su implementación silenciosa, desorganizada y sin rendición de cuentas convierte una iniciativa socialmente valiosa en una sombra de duda. Mientras no haya supervisión y una campaña informativa clara, esta póliza seguirá siendo un gasto gigantesco que nadie conoce, nadie usa y nadie puede verificar.
Las escuelas siguen enfrentando intoxicaciones, accidentes y emergencias, los padres continúan pagando de su bolsillo y los directores operan sin herramientas reales. Y mientras, el seguro por el que el Estado ha pagado casi 900 millones de pesos no se conoce, no se usa, no se comunica y no beneficia a quienes debería.
El país merece saber si se está protegiendo a los estudiantes o solo se está pagando por un seguro que en la práctica «no existe».