La dominicana Dayana Heredia, quien permanece privada de libertad en Venezuela desde julio de 2024, pidió al presidente Luis Abinader que intervenga para que pueda regresar a República Dominicana.
En un video difundido recientemente, Heredia relató que salió de viaje tras recibir una oferta para trasladarse a España, pero asegura que fue engañada y terminó detenida en territorio venezolano.
De acuerdo con el testimonio divulgado y las informaciones ofrecidas por sus familiares, la mujer habría sido captada por una red que presuntamente facilitaba viajes irregulares a través de Colombia, con la participación de ciudadanos dominicanos.
Sus parientes sostienen que las autoridades venezolanas la acusaron de tener en su teléfono fotografías vinculadas con sustancias prohibidas y que, por ese caso, recibió una condena de 21 años de prisión.
Familia alerta sobre su estado de salud
La familia de Heredia también ha expresado preocupación por sus condiciones de reclusión y su estado de salud. Según sus allegados, la dominicana presenta problemas renales que relacionan, entre otros factores, con las dificultades para acceder a suficiente agua potable dentro del centro penitenciario.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 10 de agosto de 2026 otorgó medidas cautelares a favor de Heredia y de otros dos hombres detenidos en Venezuela.
En su resolución, la Comisión consideró que existía una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los beneficiarios. Entre las medidas solicitadas a las autoridades venezolanas figuran una evaluación médica inmediata, atención especializada, acceso a agua potable y alimentación adecuada, así como facilidades para mantener comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares. La CIDH también indicó que el Estado venezolano no le había proporcionado información sobre los casos.
La resolución constituye un pronunciamiento de protección ante los riesgos señalados; no representa, por sí misma, una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Heredia en el proceso penal.
La familia pide asistencia al Estado dominicano
María Heredia, hermana de la detenida, ha cuestionado la respuesta que, según afirma, han recibido al solicitar ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores. La familia sostiene que las dificultades para acceder a asistencia consular han complicado las gestiones en favor de la mujer.
Sin embargo, el escenario diplomático entre ambos países tuvo un cambio reciente. El 3 de agosto de 2026, los gobiernos dominicano y venezolano anunciaron que iniciarían un proceso de normalización gradual de sus relaciones, que contempla en una primera etapa el restablecimiento de los servicios consulares.
La familia considera que las autoridades dominicanas deben explorar las vías disponibles para conocer de primera mano la situación de Heredia y procurar asistencia para su caso.
Sus parientes aclaran que no solicitan al Gobierno dominicano intervenir en las decisiones de los tribunales venezolanos ni exigir una liberación al margen de la ley. Su petición, aseguran, es que se verifique su estado de salud, se conozcan las condiciones en las que permanece detenida y se evalúen mecanismos legales y diplomáticos que puedan facilitar su retorno.
El caso plantea interrogantes sobre la asistencia que puede recibir una ciudadana dominicana detenida en el extranjero y sobre las gestiones que podrían realizarse a través de los canales consulares y de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.