La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, un proyecto de ley que plantea la creación de un Sistema Nacional de Becas destinado a ampliar el acceso a programas de educación superior, formación técnica y capacitación profesional en República Dominicana.
La propuesta, presentada por el diputado José Caraballo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), busca establecer un mecanismo nacional para la asignación y administración de ayudas económicas destinadas a estudiantes y personas que deseen continuar su formación académica.
Uno de los aspectos principales de la iniciativa establece condiciones para los dominicanos que reciban becas financiadas por el Gobierno para cursar estudios en el extranjero. De convertirse en ley, estos beneficiarios tendrían que regresar al país una vez culminada su formación y permanecer en territorio dominicano durante un período de entre dos y cinco años.
La medida pretende que los conocimientos y capacidades adquiridos mediante recursos públicos sean posteriormente aplicados en el desarrollo del país.
En caso de que el beneficiario no cumpla con el período de retorno establecido, el proyecto contempla que pueda ser obligado a devolver al Estado una parte o la totalidad de los recursos económicos recibidos para financiar sus estudios.
La propuesta también establece una serie de responsabilidades para quienes sean seleccionados dentro del sistema, entre ellas mantener un rendimiento académico mínimo, presentar la documentación requerida y utilizar los recursos exclusivamente para los fines establecidos en el programa.
El incumplimiento de algunas de estas obligaciones podría provocar amonestaciones, suspensión temporal de los beneficios o el reintegro proporcional de los fondos utilizados de manera irregular.
La iniciativa contempla medidas más severas para casos como la presentación de documentos falsificados, el uso fraudulento de los recursos o la manipulación de registros académicos. Estas conductas podrían llevar a la cancelación definitiva de la beca, la devolución de los fondos recibidos y la imposibilidad de acceder a futuras convocatorias durante un período determinado.
En los casos considerados más graves, el proyecto plantea además remitir los expedientes al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La propuesta también establece responsabilidades para funcionarios que incurran en prácticas de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas. El texto remite estos casos a las disposiciones contempladas en distintas normas relacionadas con la función pública, las contrataciones estatales y la prevención del lavado de activos.
El Sistema Nacional de Becas estaría bajo la dirección del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), con la participación de otras instituciones públicas y académicas, entre ellas los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), universidades privadas y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser conocido por el Senado de la República. Si también recibe la aprobación de los senadores, pasaría al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader determine si lo promulga y convierte en ley.