La Dirección General de Migración (DGM) mantiene un proceso judicial contra el empresario chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por el cual reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios derivados de un incidente ocurrido durante un operativo de interdicción migratoria en mayo de 2025.
El caso, que involucra acusaciones de obstrucción a la labor de los agentes migratorios y agresión a funcionarios públicos, continuará en los tribunales y será conocido en un juicio de fondo, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.
El conflicto se originó el 28 de mayo de 2025, cuando agentes de la DGM, con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, realizaron un operativo en la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional. Durante la intervención fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos que, según Migración, se encontraban trabajando en condición migratoria irregular.
De acuerdo con el expediente presentado por la institución, Po Xie habría obstruido la labor de los agentes y protagonizado un enfrentamiento durante el operativo, en el que también resultaron afectados miembros de la brigada de interdicción migratoria. La DGM lo acusa de obstrucción a la labor de interdicción migratoria y rebelión contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
Tras el incidente, la DGM presentó una querella contra el empresario y se constituyó en actor civil dentro del proceso. Po Xie fue arrestado el 5 de junio de 2025, luego de que una jueza de instrucción del Distrito Nacional emitiera una orden de arresto en su contra.
Además del proceso judicial, Migración impuso a la sociedad comercial Mudan Confort Collection una multa administrativa de RD$450,000 por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular. Según la institución, dicha sanción ya fue pagada.
En julio de 2025, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la libertad condicional de Po Xie, quien había recibido como medida de coerción una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ahora, el proceso por los hechos ocurridos durante aquel operativo continúa en los tribunales, mientras la DGM procura que se reconozca la indemnización de RD$50 millones que reclama por los daños y perjuicios que atribuye al incidente.