Una supuesta red dedicada a la venta irregular de documentos migratorios, permisos de trabajo y visados estaría operando desde la Dirección General de Migración (DGM), según denuncias de varios ciudadanos que aseguran haber sido estafados por una persona apellido Rodríguez, señalado como el presunto cabecilla del esquema.

De acuerdo con las denuncias, Rodríguez se presentaba como empleado de la DGM para gestionar permisos y estatus migratorios a ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la institución negó que el señalado mantenga vínculo laboral con la entidad.

Según los testimonios, la red ofrecía distintos servicios con tarifas establecidas. Entre los montos mencionados figuran 30 mil pesos por un permiso de trabajo con vigencia de un año, 40 mil pesos por una residencia temporal de igual período, 55 mil pesos por una residencia permanente de cuatro años y hasta 70 mil pesos por una residencia permanente con vigencia de diez años.

La denuncia indica que las operaciones no se limitaban a permisos laborales, sino que también incluían la gestión de visados, residencias y la presunta facilitación de salidas del país a personas con impedimentos migratorios, mediante supuesta escolta.

El testimonio señala que el primer contacto se realizó a través de una ciudadana dominicana que supuestamente trabajaba junto a Rodríguez en estas gestiones. Aunque la persona afectada afirmó no conocerla directamente, decidió avanzar en el proceso debido a la cantidad de documentos, datos y explicaciones presentadas, que aparentaban provenir de la sede central de Migración.

Asimismo, se denunció la posible existencia de una estructura más amplia, con personas ubicadas en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, desde donde se facilitarían trámites irregulares para ciudadanos extranjeros.

En ese contexto, se informó que una persona habría sido retenida este mismo día portando uno de los permisos presuntamente irregulares y que sería retornada a su país en las próximas horas. No obstante, al ser consultadas, autoridades de la Dirección General de Migración aseguraron no tener conocimiento formal de la denuncia.