El abogado Cristian Miguel Moreta Romero denunció que la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, sentenciada en noviembre de 2022 por tráfico de municiones, habría recibido de manera irregular actas de nacimiento para sus hijos. La acusación fue presentada ante la Junta Central Electoral (JCE), donde se solicita una investigación exhaustiva sobre el caso.
De acuerdo con el expediente, Manessa fue arrestada en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña, con un cargamento de más de 22,000 proyectiles de alto calibre. La operación estuvo a cargo del Cesfront, cuyos agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba la imputada. Según informes oficiales, estas municiones estaban destinadas a una banda armada en Haití.
«Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí», afirmó Moreta, quien además señaló que Manessa es secretaria y pareja de Ivanovski Joaquín, el gobernador del Plateau Central en Haití, con quien tiene una hija pequeña.
El abogado, con más de dos décadas de experiencia en el Registro Civil, aseguró que detrás del caso existe un entramado que habría facilitado a Manessa la obtención de actas de nacimiento dominicanas para cinco menores haitianos. Según explicó, la intención era aparentar vínculos familiares en el país y así lograr ventajas dentro de su proceso judicial.
De acuerdo con la denuncia, en el esquema habrían participado una oficina de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, y la Oficialía del Estado Civil de ese municipio. Allí se habrían emitido certificaciones de nacimiento que, según Moreta, no corresponden con la realidad. Incluso, algunos de los menores habrían nacido en Haití y superaban los 15 años, pero fueron registrados en República Dominicana con edades reducidas para evadir los controles biométricos de la JCE. El jurista sostuvo que por cada acta se habría pagado alrededor de RD$100,000.
La ciudadana haitiana fue condenada a 10 años de prisión por tráfico de armas y municiones, sentencia confirmada en apelación. Sin embargo, tras presentar los documentos cuestionados, consiguió que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario, alegando arraigo familiar.
Moreta criticó que el Ministerio Público aceptara esos documentos sin verificar su autenticidad y advirtió que el caso no puede limitarse a una simple cancelación de actas. Aseguró que lo ocurrido refleja la falta de controles en el sistema registral, especialmente en las zonas fronterizas, donde —según él— opera una red de corrupción desde hace años.
El abogado también señaló que la situación se agrava por la influencia de organismos internacionales y programas de financiamiento que, en su opinión, han flexibilizado los procesos de declaración de nacimientos en detrimento de la normativa dominicana.
Finalmente, pidió a la JCE realizar una investigación profunda para identificar a los responsables y desarticular lo que calificó como una “mafia” que pone en riesgo la nacionalidad dominicana.