Santo Domingo Este. – El ingeniero agrónomo y abogado en función Luis Ney Gómez, denunció públicamente a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el incumplimiento deliberado de una sentencia judicial que ordena su reintegración laboral y el pago de sus derechos laborales adquiridos tras una cancelación considerada ilegal.
Según Gómez, fue desvinculado injustamente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este en el año 2020, en plena pandemia y sin previo aviso, a pesar de estar asistiendo a sus funciones durante el estado de emergencia. Alega que se enteró de su cancelación días después, al intentar cobrar su salario, y que nunca recibió una notificación formal por parte de Recursos Humanos ni el director de su departamento.
Tras imponer un recurso legal, el Tribunal Superior Administrativo falló a su favor, ordenando su reintegración, el pago de salarios dejados de percibir, vacaciones no disfrutadas, salario de navidad del año 2020 y una astreinte diaria de RD$2,000.00 por cada día de incumplimiento. La sentencia fue posteriormente ratificada por la Suprema Corte de Justicia, dándole fuerza de cosa irrevocablemente juzgada.
No obstante, el señor Gómez Matos denuncia que el alcalde Dio Astacio ha ignorado la decisión judicial, negándose a cumplirla, alegando que el fallo fue emitido durante la gestión anterior. «El alcalde entiende que como soy dirigente del partido Fuerza del Pueblo, soy un enemigo político, y por eso se niega a ejecutar una sentencia firme», expresó Gómez Matos en una comunicación dirigida a este medio.
Además, indicó que enfrenta problemas de salud y que la negativa del alcalde a cumplir con la sentencia ha afectado gravemente su situación económica y emocional. «No sé si el señor Astacio cree estar por encima del bien y el mal, o si se siente por encima de la ley, pero le recuerdo que todos los que han pensado así han terminado decepcionados», afirmó.
El denunciante hace un llamado a la Procuraduría General Administrativa, al Defensor del Pueblo y a los organismos de justicia y derechos humanos para que intervengan y exijan el cumplimiento de la sentencia, advirtiendo que casos como este reflejan el deterioro institucional y la politización de la administración pública.