La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) informó este martes que en su compromiso con la asistencia legal gratuita para aquellos que no cuentan con un abogado unos 24,722 privados de libertad tienen actualmente asignados sus respectivos defensores públicos en estricto cumplimiento del artículo 176 de la Constitución.
A través de un comunicado la ONDP informó que la alta demanda de servicios legales ha puesto a prueba los recursos de la ONDP, que actualmente cuenta con 182 defensores públicos, y 151 abogados adscritos contratados. En la actualidad cada defensor maneja entre 400 y 500 casos, evidenciando un déficit preocupante de 250 miembros, lo que subraya la urgente necesidad de aumentar el personal para mantener la calidad del servicio.
Durante los primeros cinco meses del año 2024, los abogados de oficio han llevado a cabo un total de 9,068 visitas a centros penitenciarios y destacamentos policiales, mostrando una participación constante en todas las fases del sistema penal, desde el arresto hasta la su liberación.
En este período, las provincias que registraron la mayor atención por parte de la Defensa Pública fueron: Santo Domingo (con 1,190 casos atendidos), Santiago (1,022 casos), Distrito Nacional (821 casos), Barahona (508 casos) e Higüey (458 casos). Estas cinco provincias representaron conjuntamente el 36% del total de casos gestionados.
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP)
«La Oficina Nacional de Defensa Pública continuará trabajando incansablemente para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una representación legal adecuada y que se respeten los principios fundamentales de justicia en el sistema judicial de la República Dominicana», indicó Rodolfo Valentín, director de la ONDP.
Además, recalcó la labor de la entidad ya que la misma es una institución esencial que ofrece asistencia legal gratuita mediante un cuerpo de abogados altamente calificados, dedicados a representar a personas privadas de su libertad o vinculadas a procesos judiciales, que carecen de recursos económicos para costear un abogado o que, por cualquier causa, no disponen de uno.