Santo Domingo, R.D. – 30 de mayo de 2025. En 7 Segundos Multimendia estuvieron teniendo un debate sobre un tema que se ha viralizado esta semana tras discutirse públicamente el caso de la artista urbana Tokischa, quien denunció el hecho de que nadie quería alquilarle casa o departamento, a causa de prejuicios relacionados con su imagen y estilo de vida.
Durante la conversación, se analizaron los límites legales y éticos del régimen de condominios en el país, donde se destacó que las normativas internas no pueden estar por encima de la Constitución dominicana, en su Artículo 39 el prohíbe toda forma de discriminación, ya sea por razón de género, orientación sexual, condición social o también antecedentes personales.
Los participantes se mostraron divididos: unos argumentaban que los condominios tienen derecho a establecer filtros de admisión para preservar la “convivencia armónica”; otros insistieron en que rechazar a un ciudadano por su comportamiento mediático o contenido publicado en redes sociales constituye una violación directa de los derechos fundamentales.
Cédulas vencidas: una falla institucional grave
A la vez, la discusión derivó en otra problemática de gran relevancia nacional como lo es: la persistente vigencia de cédulas de identidad vencidas en todo el país. Se denunció que millones de ciudadanos se encuentran con dificultades para realizar gestiones bancarias, comerciales e incluso legales a causa del retraso que tienen la institución para renovar los doumentos de identidad.
Se destacó la gravedad del hecho de que incluso funcionarios públicos y diplomáticos estarán operando con documentos vencidos, y se cuestionó el trasfondo político e institucional detrás de la demora en el cambio de modelo de la cédula.
Los participantes también concluyeron que República Dominicana atraviesa una serie de contradicciones legales e institucionales que afectan directamente la convivencia, el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad. Se hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados, exigir transparencia a las autoridades y velar por el cumplimiento de los principios constitucionales en todos los niveles.