El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, lo que provocó una fuerte reacción del canciller Bruno Rodríguez, quien calificó la medida como una acción con “intención genocida” hacia la isla.
Las disposiciones incluyen al conglomerado empresarial militar Gaesa, a su presidenta Ana Guillermina Lastres, y a la empresa mixta Moa Nickel S.A., vinculada a la minería de níquel y cobre en Cuba. Según Washington, las sanciones forman parte de una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo por el presidente Donald Trump, que busca limitar el acceso del régimen cubano a activos considerados ilícitos y reforzar la presión sobre sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.
La decisión generó un impacto inmediato: la minera canadiense Sherritt, socia de Moa Nickel, anunció la suspensión de su participación en proyectos conjuntos en Cuba, alegando riesgos derivados de las nuevas restricciones. Por su parte, Gaesa, que controla una parte significativa del PIB cubano a través de negocios en turismo, telecomunicaciones, combustibles y transporte, se convierte en uno de los principales objetivos de las sanciones.
Rodríguez denunció que las medidas buscan imponer coerción ilegítima sobre ciudadanos y empresarios, y aseguró que confirman la falsedad de los argumentos utilizados por Washington para justificar su política hacia Cuba. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense defendió las sanciones como “acciones decisivas” para proteger la seguridad nacional y limitar el acceso del gobierno cubano a recursos financieros internacionales.