Dos mujeres fueron sometidas a la justicia y otras dos personas son buscadas por su presunta vinculación con un fraude electrónico mediante el cual fueron transferidos RD$3,435,120 de cuentas del Ayuntamiento de Santiago hacia cuentas de particulares.
Según la investigación del Ministerio Público, el dinero habría sido sustraído mediante cinco transferencias electrónicas realizadas de manera fraudulenta desde una cuenta bancaria del cabildo.
Las autoridades identificaron entre las imputadas a Suleiny Esther Amador, residente en Bonao, y Yafermi García Araujo, de Moca. Mientras que Jorge Miguel Rivas Medina y Elide Miguelina de las Mercedes permanecen prófugos y son señalados en el expediente como otras personas que habrían recibido parte de los fondos.
De acuerdo con el expediente, las transferencias fueron distribuidas de la siguiente manera: RD$1,579,320 fueron enviados a una cuenta a nombre de Rivas Medina; RD$1,509,820 a la de Amador y RD$345,980 a la cuenta de De las Mercedes.
El fraude fue detectado por Banreservas, entidad que posteriormente bloqueó las cuentas involucradas. Sin embargo, antes de que se completara el bloqueo, parte del dinero ya había sido retirado.
Entre las operaciones señaladas por el Ministerio Público figura un retiro de RD$223,000 realizado por Rivas Medina en Sabana Yegua, Azua; otro de RD$250,000 que habría hecho Amador en Los Álamos, Santiago, y un tercero de RD$380,000 retirado por De las Mercedes en Azua. Las operaciones se realizaron el 24 de abril de 2026 en un intervalo de menos de una hora.
La investigación también señala que Amador acudió al día siguiente a una sucursal de Banreservas en Moca junto a Yafermi García Araujo para intentar retirar otros RD$52,000. El movimiento fue detectado por el personal de seguridad del banco, que dio aviso a las autoridades.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los controles internos del Ayuntamiento de Santiago, debido a que las transacciones fraudulentas fueron detectadas por el banco y no por la institución afectada.
Ante esta situación, el bloque de regidores de Opción Democrática solicitó información al Concejo de Regidores y a la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento. Los ediles pidieron conocer la documentación relacionada con el caso, incluida la denuncia presentada, los nombres de los involucrados y los documentos que sustentan la investigación.
Las dos mujeres enfrentan un proceso judicial por presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La medida de coerción fue conocida en abril y el próximo 6 de agosto está prevista la revisión obligatoria de la medida impuesta.
Hasta el momento, el expediente no establece si los cuatro señalados tenían algún vínculo entre sí ni señala que algún empleado del Ayuntamiento esté siendo investigado por el fraude.
Tampoco se ha informado públicamente cuáles fueron las fallas específicas en los controles del cabildo que permitieron que los fondos fueran transferidos a cuentas de particulares.