El asesor legal del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el gobierno está siguiendo de cerca las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que aún no han sido implementadas por la Administración Pública.
En una conversación con periodistas en el Palacio Nacional, Peralta destacó que, aunque muchas de estas sentencias se originaron en administraciones previas, la actual administración liderada por el presidente Abinader respeta la naturaleza vinculante e irrevocable de las decisiones del Tribunal Constitucional, tal como establece la Constitución. Desde el comienzo de su mandato, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado monitoreando el progreso de las sentencias del tribunal, las cuales indican a la administración central y descentralizada seguir los preceptos constitucionales.
El gobierno ha demostrado su respeto por las decisiones judiciales al mantener registros de las comunicaciones emitidas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a las instituciones gubernamentales y al propio Tribunal Constitucional. Estas comunicaciones buscan garantizar el cumplimiento de las decisiones del tribunal.
Peralta Romero mencionó que en enero de este año, tras declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional sobre el desacato de decisiones judiciales por parte de la Administración Pública, se solicitó al tribunal una lista de tales decisiones. Esto permitió que la administración continuara su compromiso de mantener la Administración en concordancia con la Constitución y la ley.
El asesor legal explicó que, aunque la mayoría de las 73 sentencias comunicadas por el Tribunal Constitucional en mayo de este año se originaron en administraciones anteriores, el principio de continuidad del Estado es fundamental para el Poder Ejecutivo, y se compromete a cumplir lo establecido por el Tribunal Constitucional.
Peralta Romero reconoció que la ejecución de todas las sentencias no es siempre sencilla, ya que algunas pueden requerir asignaciones presupuestarias futuras o la identificación de terrenos estatales para cumplir con las órdenes del tribunal sin perjudicar a terceros ni al Estado en sí.