Ligia Pérez Peña fue nombrada presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) el 29 de agosto y dirigirá la institución durante el periodo 2024-2028. Pérez Peña es educadora, con una trayectoria en educación y servicios públicos dedicados a la infancia y la adolescencia. Inicialmente estudió ingeniería química, pero su verdadera vocación era la enseñanza. Esta vocación se manifestó cuando, siendo aún bachiller, enseñó a niños de cuarto grado en una escuela en Los Mina. Posteriormente, trabajó en el colegio San Juan Bautista de La Salle, donde se enamoró de la enseñanza y decidió estudiar educación en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).
Pérez Peña ha ocupado varios cargos en el sector educativo, incluyendo la dirección general de evaluación de calidad del Ministerio de Educación (Minerd), donde fue fundamental en la realización del primer censo de instituciones educativas privadas. También fue directora académica en el colegio San Juan Bautista, maestra y coordinadora en la Universidad del Caribe, y fundadora de su propio colegio en 2010. En 2020, fue nombrada viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, y luego viceministra de Descentralización y Participación del Minerd.
Asume la dirección de Conani en un momento de transformación para la institución, que según ella, se encontraba desorientada y no estaba cumpliendo adecuadamente su función en el sistema de protección de la niñez. Desde 2020, se han implementado más de 100 normativas para mejorar el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Pérez Peña se ha comprometido a fortalecer este sistema, con especial atención a la política de prevención de embarazos adolescentes y uniones tempranas, que ya ha mostrado resultados con una reducción del 26% en los embarazos adolescentes en 2023.
Uno de los objetivos principales de Pérez Peña es fortalecer y expandir los servicios de Conani, en especial los hogares de paso. Actualmente, Conani cuenta con 11 hogares, incluyendo un hogar de triaje en Boca Chica. Estos hogares proporcionan un lugar transitorio para los niños hasta que se decida si pueden regresar con sus familias o si necesitan ser ubicados en un hogar de paso a largo plazo. Pérez Peña también busca agilizar y fortalecer el proceso de adopciones, aunque reconoce que este proceso es delicado y requiere una evaluación cuidadosa de las familias adoptivas.
Otra de sus prioridades es la expansión y descentralización de los servicios de Conani para mejorar su capacidad de respuesta. Actualmente, Conani tiene solo 38 oficinas para atender 158 municipios, lo que limita su capacidad de actuación. Pérez Peña planea abrir nuevas oficinas para tener más presencia en los territorios y permitir que los equipos locales puedan resolver problemas sin depender siempre de la oficina central. Además, está evaluando la posibilidad de descentralizar algunos servicios de Conani para que la institución pueda enfocarse en su verdadero rol de protección de los derechos de la niñez.
Pérez Peña también propone revisar la Ley 136-03, que da origen a Conani, para actualizarla y adaptarla a los cambios sociales, especialmente en comunicación. Su visión es fortalecer la comunicación entre Conani y la ciudadanía, ya que considera que muchas denuncias de vulneración de derechos a niños no llegan a tiempo a la institución. Para mejorar la respuesta oportuna, planea reforzar los canales de comunicación y educar a la población sobre los servicios de Conani, como la línea Vida y un chat de denuncias.
En cuanto a los casos de intervención, Pérez Peña explicó que Conani necesita una orden judicial para actuar. Hasta que no se reciba esta orden, la institución no puede intervenir ni trasladar a un niño. Finalmente, Pérez Peña invita a la ciudadanía a denunciar de manera responsable cualquier vulneración de derechos y a confiar en que Conani toma cada denuncia con seriedad para proteger los derechos de los niños y adolescentes.