OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS.- En la República Dominicana del 2025, seguimos aplicando un Código Penal del siglo XIX, redactado en una realidad donde no existía ni la electricidad generalizada, ni el voto femenino, ni mucho menos las complejidades sociales y criminales del mundo moderno. Un código concebido en otra era, para otro tipo de sociedad. Y aún así, lo seguimos llamando “nuestro” instrumento legal para sancionar el crimen y defender el orden.
Lo más asombroso no es que tengamos un Código Penal tan obsoleto —que ya debería estar exhibido en una vitrina del Museo de Historia Dominicana— sino que llevamos más de dos décadas en un debate estéril sobre su reforma. Cada intento de modernización ha naufragado entre excusas y pretextos, siendo el más sonado el de las famosas tres causales del aborto.
Y no se trata aquí de desmeritar la importancia del debate sobre los derechos reproductivos. Las causales merecen una discusión seria, ética y médica. Pero usar su inclusión —o no inclusión— como chantaje político para impedir la aprobación total de un Código Penal modernizado, es una señal clara de que no se busca legislar con responsabilidad, sino proteger intereses y mantener cuotas de poder en equilibrio. ¿Hasta cuándo seguirá siendo rehén el país de este juego?
El costo de no tener un Código Penal moderno no lo pagan los políticos. Lo paga el pueblo. Lo paga la mujer maltratada que no encuentra respaldo en la justicia. Lo paga la víctima de acoso o de crímenes tecnológicos que no están tipificados. Lo paga la sociedad entera que ve cómo los delincuentes se aprovechan de vacíos legales, inconsistencias procesales y penas ridículas que invitan a la reincidencia.
¿Y quién se beneficia de este limbo legislativo? Pues, paradójicamente, quienes menos desean un Código moderno: los que piensan delinquir, los que viven del delito o se lucran del caos, los que no quieren más tipos penales, más claridad jurídica ni penas más fuertes. Cada vez que se retrasa la aprobación, se refuerza una estructura de impunidad útil para quienes se mueven mejor en la oscuridad que en la ley.
Mientras tanto, los legisladores actúan como dueños de un circo. Montan el espectáculo, discuten lo que quieren, posponen lo que les incomoda, y al final, no rinden cuentas a nadie. El país observa —indignado, pero resignado— cómo el Congreso se convierte en una sala de espera donde la justicia duerme y las víctimas envejecen sin respuestas.
¿Y la comunidad internacional? Bien, gracias. Algunos organismos han financiado tanto la defensa como la oposición a las tres causales, convirtiendo un tema humano en una ficha geopolítica más, y dejando al pueblo dominicano atrapado en medio de agendas ajenas. ¿Qué pasará cuando esos fondos se agoten? ¿Aprobarán por fin el Código? ¿O buscarán otra excusa?
La respuesta a todo esto no puede ser seguir esperando. No es posible que en pleno 2025 estemos atrapados por una legislación de dos siglos atrás. No es posible que tengamos políticos incapaces de hacer lo mínimo: legislar para el presente y futuro de la nación. El país merece una legislación penal que proteja a sus ciudadanos, que sancione adecuadamente a los infractores, y que sea un instrumento vivo de justicia, no una reliquia histórica.
Hoy más que nunca, debemos abrir los ojos. No los de los partidos, ni los de los lobbies. Los de los ciudadanos. Porque el día que despertemos colectivamente y exijamos un nuevo Código, sin chantajes ni cálculos mezquinos, ese día dejaremos de vivir en una república cantinflesca para caminar —por fin— hacia una nación de leyes.