El nuevo presidente de la República Dominicana que será elegido por el voto popular, enfrentará una serie de retos importantes en su mandato, entre los que destacan la reforma del Código Penal, el control migratorio y la reforma policial.
Código Penal
El Código Penal de la República Dominicana ha sido un pilar fundamental en la legislación del país desde su promulgación en 1884. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra en un proceso de renovación que busca adecuarlo a las realidades sociales y jurídicas del siglo XXI. Este proceso legislativo, sin embargo, ha enfrentado obstáculos significativos debido a controversias en torno a temas sensibles como el aborto y la protección de la comunidad LGBTI.
Entre los aspectos relevantes del nuevo Código Penal se destaca la tipificación de nuevos delitos, como el feminicidio, la trata de personas y el ciberdelito. Asimismo, se establece un aumento en las penas para delitos graves como el asesinato y la violación sexual, buscando una mayor eficacia en la disuasión y castigo de estos crímenes. Además, se incorporan medidas para la protección de víctimas y testigos, así como para la reinserción social de los condenados, reconociendo la importancia de garantizar los derechos humanos en el sistema judicial.
La necesidad de un nuevo Código Penal se fundamenta en varias razones, el actual data de 1884, lo que significa que no ha sido actualizado en más de 130 años, lo que lo hace inadecuado para abordar los desafíos y realidades cambiantes de la sociedad dominicana actual. Además, la legislación no tipifica algunos delitos modernos y no contempla penas adecuadas para otros, lo que genera vacíos legales y limitaciones en la capacidad del sistema judicial para garantizar la justicia y la seguridad de la ciudadanía.
Avances en el proceso:
En el 2019 se presentó un proyecto de ley para un nuevo Código Penal, que ha sido objeto de un exhaustivo debate en el Congreso Nacional. Esta iniciativa representa un esfuerzo importante para modernizar y adecuar el marco legal a las necesidades y realidades actuales de la sociedad.
Uno de los hitos más destacados fue la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados en noviembre de 2023. Este importante paso refleja el compromiso de los legisladores con el proceso de reforma y la voluntad de avanzar hacia un sistema legal más justo y eficiente.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en discusión en el Senado de la República, lo que marca una etapa en el proceso de reforma. La participación activa de los senadores y el debate constructivo sobre las diferentes disposiciones del proyecto son fundamentales para garantizar que la legislación final sea equitativa y cumpla con los más altos estándares de justicia.
Desafíos y controversias:
El debate en torno al nuevo Código Penal ha sido marcado por diversos desafíos y controversias que reflejan las tensiones sociales y políticas presentes en la sociedad. Uno de los temas más controvertidos es el aborto, donde la propuesta original del proyecto de ley penalizaba esta práctica en todas sus circunstancias, lo que generó un rechazo significativo por parte de sectores pro-derecho a las mujeres. La falta de consenso en torno a este tema ha sido evidente, especialmente en lo referente a la inclusión de excepciones como en casos de violación o incesto.
Otro punto de conflicto relevante es la falta de protección explícita para las personas LGBTI dentro del proyecto de ley. La ausencia de medidas que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad de género ha generado críticas y demandas por parte de sectores que abogan por los derechos de esta comunidad. Esta omisión resalta la necesidad de una legislación inclusiva y respetuosa de la diversidad sexual y de género.
La reforma policial
La Policía Nacional Dominicana se enfrenta a un momento que demanda una reforma profunda. Diversos estudios e informes, tanto locales como internacionales, han puesto de manifiesto la urgencia de realizar cambios estructurales para mejorar la eficacia, transparencia y legitimidad de esta institución.
En cuanto a las cifras que reflejan la realidad, la Fundación Justicia y Democracia (FJDD) reportó que entre 2010 y 2019 hubo 3.100 muertes causadas por policías. Además, un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018 reveló que apenas el 2% de los policías recibía formación en derechos humanos. En cuanto a la corrupción, Transparencia Internacional señaló en 2021 que el 73% de los dominicanos consideraba que la policía era «corrupta» o «muy corrupta».
En respuesta a estos desafíos, se han propuesto diversas medidas para la reforma policial. Entre ellas se destaca el aumento significativo de los salarios de los agentes, con el propósito de atraer y retener talento y disminuir la tentación a la corrupción. Asimismo, busca mejorar la formación continua y especializada en áreas como derechos humanos, uso de la fuerza, ética policial y técnicas de investigación.
Se propone también fortalecer la institucionalidad mediante la creación de mecanismos independientes de control y vigilancia policial, así como mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Además, de considerar necesario un proceso de depuración para eliminar de la Policía Nacional a aquellos agentes que hayan incurrido en faltas graves o delitos.
Sin embargo, la reforma policial en la República Dominicana enfrenta desafíos significativos, como la resistencia interna dentro de la propia institución, la escasez de recursos y la debilidad del sistema judicial. A pesar de esto, existen perspectivas positivas, como la voluntad política para llevar a cabo la reforma, la presión de la sociedad civil y la existencia de modelos exitosos en otros países.
Control migratorio
El control migratorio en República Dominicana se ha convertido en un tema de gran relevancia, marcado por la complejidad de gestionar un flujo migratorio significativo, principalmente proveniente de su país vecino, Haití. Se estima que más de un millón de personas de origen haitiano residen en la República Dominicana, muchos de ellos en situación irregular, lo que ha generado diversos impactos en la sociedad dominicana, desde la competencia por empleos hasta la presión sobre los servicios públicos y tensiones sociales.
Para hacer frente a esta situación, el gobierno dominicano ha implementado medidas como la construcción de un muro en la frontera con Haití, con el objetivo de frenar la inmigración ilegal, el tráfico de mercancías y la delincuencia. Sin embargo, esta medida ha generado controversias, siendo criticada por organizaciones de derechos humanos y el gobierno haitiano, que la consideran inhumana e ineficaz.
Además de la construcción del muro, las autoridades dominicanas han intensificado los controles migratorios, las redadas en busca de inmigrantes indocumentados y las deportaciones, lo que ha generado incertidumbre y temor entre la población haitiana residente en la República Dominicana. Organizaciones humanitarias han expresado preocupación por el posible aumento de la discriminación y la xenofobia contra los haitianos como consecuencia de estas medidas.
En última instancia, la gestión migratoria en la República Dominicana debe fundamentarse en principios de humanidad, solidaridad y responsabilidad compartida.