El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que incumplan la legislación migratoria, mediante nuevos mecanismos para localizar y detener a personas que tengan órdenes de expulsión vigentes.
La iniciativa recibió 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención durante la votación realizada este martes 20 de octubre, con lo que quedó despachada a ley tras completar su tramitación en el Congreso.
Entre las principales disposiciones figura la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización a un juez de garantía para ingresar a un domicilio con el propósito específico de detener a una persona cuya orden de expulsión esté firme y ejecutoriada.
La medida no autoriza a los agentes a entrar libremente en cualquier vivienda por el solo hecho de que una persona se encuentre en situación migratoria irregular. El ingreso deberá contar previamente con autorización judicial y cumplir las condiciones establecidas en la normativa.
Otro de los cambios contempla ampliar de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile para las personas extranjeras expulsadas administrativamente, además de reducir los plazos para presentar reclamaciones y reforzar los mecanismos para notificar los procedimientos migratorios.
El proyecto también establece condiciones para ejecutar la expulsión de extranjeros en situación irregular que enfrenten determinados procesos penales, sin tener que esperar necesariamente a que concluyan, siempre bajo los requisitos legales previstos. La normativa incorpora salvaguardas relacionadas con investigaciones penales en curso y la protección de las víctimas.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la iniciativa al señalar que busca superar dificultades que han impedido ejecutar algunas órdenes de expulsión y dar mayor efectividad a las decisiones administrativas.