La jueza Iris Borge de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción ha pospuesto para hoy viernes a las 3:00 de la tarde la decisión sobre la imposición de medidas de coerción a 13 de los 16 imputados en el caso Colibrí.
El Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con tres de los implicados, quienes ahora actuarán como testigos y han sido beneficiados con garantías económicas, según la fiscal Esther González.
Los imputados enfrentan cargos por atacar el sistema de la Junta Central Electoral (JCE), y la solicitud del Ministerio Público es de prisión preventiva por 18 meses, además de pedir que se declare de tramitación compleja el proceso.
Según la acusación, los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, documentos de propiedad, licencias de conducir y licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La investigación de la fiscalía de Santiago indica que los miembros de la red se dedicaban a actividades fraudulentas especializadas en la falsificación de documentos públicos. Fueron arrestados tras la Operación Colibrí, que según el Ministerio Público amenazó la seguridad jurídica y socavó la confianza institucional al vulnerar el sistema del Registro Civil del país.
Los imputados incluyen a Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
Además, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios para falsificar documentos a cambio de pagos que oscilaban entre $5,000 y $20,000 pesos, dependiendo del tipo de documento requerido.