Durante la audiencia del martes, en la que se conocieron los recursos de apelación de los imputados por el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que las solicitudes carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal modifique las medidas de coerción impuestas en primera instancia, dada la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Por ello, pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazar los recursos interpuestos por Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados, argumentando que las medidas de coerción no presentan las irregularidades señaladas por sus abogados defensores.
En la audiencia, Camacho estuvo acompañado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez. El proceso continuará este miércoles a las 2:00 de la tarde, cuando los jueces Isis Muñiz (presidenta del tribunal), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar darán a conocer su decisión.
Los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella también acudieron a la audiencia, en la que uno de los querellantes solicitó al tribunal sustituir la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva, alegando riesgo de fuga y la gravedad de los hechos.
El expediente señala como principal acusado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Cobra. Junto a él figuran otros procesados, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría defraudado al sistema de salud con más de 15 mil millones de pesos, afectando directamente a los más de siete millones de afiliados del SeNaSa.