El Banco Popular Dominicano enfrenta una demanda judicial por un monto superior a los 912 millones de pesos, tras ser acusado de adjudicarse de manera irregular una propiedad comercial en el sector de Villa Consuelo, en aparente desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La demanda fue interpuesta por los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte, representantes legales de la parte afectada, quienes aseguran que la entidad financiera tomó posesión de la Plaza Club Empresarial —ubicada en la intersección de las calles Charle Pie y Juan de Morfa— pese a que la SCJ había anulado una sentencia previa que favorecía al banco.
“La Suprema Corte casó la sentencia civil número 036-2021-SSEN-01033, que inicialmente le otorgaba ganancia de causa al Banco Popular. Al quedar anulada, el proceso debía regresar al estado anterior, pero eso no fue respetado”, afirmaron los juristas.
Los abogados sostienen que la adjudicación se mantuvo, a pesar del fallo emitido por el alto tribunal, lo que constituye —según alegan— una violación al debido proceso y un acto contrario al cumplimiento de decisiones judiciales firmes.
Hasta el momento, el Banco Popular no ha ofrecido declaraciones oficiales respecto a la demanda.