La tarde del viernes se registró un ataque armado contra un avión Beechcraft 1900 de la Policía Nacional de Colombia en el aeropuerto Aguas Claras, municipio de Ocaña, Norte de Santander. La aeronave fue impactada por disparos de fusil mientras realizaba la maniobra de despegue, dejando a tres policías heridos.

El avión, que cubría la ruta Ocaña-Bogotá, recibió varios proyectiles en su estructura durante el ascenso. Pese a los daños, la tripulación logró estabilizar el equipo y completar el trayecto, realizando un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se activaron los protocolos de seguridad.

Según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, los disparos provinieron desde el exterior del perímetro de la terminal aérea. La Dirección General de la Policía Nacional informó que los tres uniformados heridos fueron trasladados a un centro médico y se encuentran fuera de peligro.

El comandante de la aeronave mantuvo el control durante todo el vuelo, y al llegar a Bogotá la torre de control ordenó la restricción temporal de la pista sur mientras los bomberos rodeaban el avión, siguiendo los manuales de emergencia.

Equipos técnicos y de policía judicial adelantan inspecciones para determinar el nivel de afectación de la aeronave, mientras se desplegó un bloque de búsqueda en la región del Catatumbo. La Policía aseguró que se activaron todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil condenaron el ataque, señalando que este tipo de hechos vulnera tratados internacionales de seguridad aérea. En un comunicado conjunto, reafirmaron que las terminales y aeronaves del país son infraestructura esencial y protegida, y que ninguna acción violenta detendrá el compromiso del Estado de garantizar la conectividad y la seguridad operacional.

Hasta el momento, ninguna organización armada ilegal se ha atribuido la autoría del atentado. La Fiscalía General de la Nación y la justicia penal militar mantienen las investigaciones bajo estricta reserva, recopilando testimonios y evidencias en Ocaña para esclarecer quién ejecutó el ataque.