El protocolo que permitirá poner en marcha el Registro Nacional de Agresores Sexuales fue aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), tras la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal Dominicano. La medida convierte a la Procuraduría General de la República en la institución responsable de administrar este registro, en su calidad de encargada del Sistema Nacional de Antecedentes Penales.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó que la implementación será inmediata, ya que el Ministerio Público estaba a la espera de la aprobación legal para activar el mecanismo. Durante un taller de formación sobre el nuevo Código Penal dirigido a periodistas de la fuente judicial, Reynoso destacó que el registro busca fortalecer la protección de la población, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.
El protocolo establece el procedimiento para solicitar certificados del Registro Nacional de Agresores Sexuales, lo que permitirá verificar si una persona ha sido condenada por delitos de naturaleza sexual. Esta información será clave en procesos de contratación laboral, por ejemplo, cuando un condenado por delitos sexuales intente acceder a puestos en centros educativos o en actividades que impliquen contacto directo con menores o comunidades vulnerables.
Reynoso subrayó que la República Dominicana se suma así a países como Estados Unidos y Paraguay, que ya cuentan con registros similares como parte de sus mecanismos de prevención y seguimiento sociojudicial. El acceso a la información estará regulado y se realizará únicamente en los casos autorizados por la normativa vigente, garantizando la confidencialidad y el uso responsable de los datos.
La procuradora reiteró que el Ministerio Público está 100 % preparado para aplicar el nuevo Código Penal, y que la creación del registro constituye un paso fundamental en la modernización del sistema de justicia penal dominicano, alineando al país con estándares internacionales en la lucha contra los delitos sexuales.