Por segunda vez consecutiva, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago ha pospuesto la audiencia para decidir las medidas cautelares de nueve individuos acusados de tráfico de armas de fuego. Esta decisión se tomó a solicitud de la defensa legal, que buscaba obtener más información sobre las acusaciones.
La jueza a cargo del tribunal, Iris Sugelly Borgen Santana, ha reprogramado la audiencia para el próximo martes 3 de octubre debido a la petición de uno de los abogados que se ha unido recientemente al caso.
La Fiscalía de Santiago ha solicitado medidas cautelares que incluyen la prisión preventiva debido a la complejidad del caso contra Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán. Se les acusa de formar una organización criminal que traficaba ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas, adquiridas en Estados Unidos y contrabandeadas al país a través de compañías de envío o shipping.
Durante los allanamientos que desmantelaron esta red delictiva, se confiscaron 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros, así como 3 revólveres y 2 escopetas, además de $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos. Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en los municipios de Licey al Medio en Santiago y la parte baja de Moca en Espaillat, después de más de un año de investigación e inteligencia que rastreó a la organización y su alcance en el comercio ilegal de armas.
Las llamadas telefónicas interceptadas permitieron identificar a los imputados y determinar sus roles en la organización. Aunque operaban en todo el país, su base principal estaba en el municipio de Licey al Medio, en la región del Cibao.
En los allanamientos, participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y fuerzas especiales como el equipo SWAT de la Policía Nacional, así como la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Se incautaron varios tanques con compartimentos secretos que eran utilizados para transportar las armas ilegales. Los acusados enfrentan cargos provisionales por violación de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.