La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo jueves 9 de octubre la audiencia de medida de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte de cinco civiles durante un operativo realizado en una plaza comercial de La Barranquita en Santiago.
La magistrada acogió una solicitud de los abogados defensores, quienes argumentaron que no contaban con el tiempo necesario para preparar su estrategia legal, ya que —según denunciaron— el dispositivo acusatorio les fue entregado en plena sala de audiencias.
Fiscalía pide prisión preventiva y declarar el caso complejo
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los 11 agentes implicados y ha pedido que el proceso sea declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de personas involucradas.
Los policías forman parte de distintas unidades, como la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.
Las víctimas del hecho, ocurrido a finales de septiembre, fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “Charly”), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Denuncias por violación al debido proceso
Los abogados de los agentes denunciaron irregularidades en el procedimiento, entre ellas la divulgación de nombres e imágenes de los imputados antes de formalizar la acusación, lo que —según afirmaron— viola la presunción de inocencia establecida en el Código Procesal Penal.
Además, insisten en que no se les ha dado acceso adecuado al expediente ni tiempo suficiente para estudiar las pruebas en su contra.
El presidente Luis Abinader se refirió al caso públicamente, asegurando que confía en que el Ministerio Público actuará con independencia y objetividad, y que se garantizará justicia tanto para las víctimas como para los imputados.
