El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, manifestó su preocupación por las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional y pidió al Senado convocar a las autoridades de Interior y Policía y de la institución del orden para que rindan explicaciones sobre estos hechos.
Durante una intervención en el hemiciclo, el legislador criticó que el denominado código “29” sea utilizado como respuesta al problema de la delincuencia, al considerar que ninguna actuación policial debe estar por encima de la ley ni sustituir los procedimientos judiciales.
“Si la delincuencia se resuelve con el ‘29’, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial”, expresó Taveras, al cuestionar lo que considera una normalización de las muertes en supuestos intercambios de disparos.
El congresista hizo referencia a siete personas fallecidas en un período de 72 horas, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, según informaciones citadas por él. Estos casos se sumarían a los 104 decesos registrados entre septiembre y octubre.
“Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte alguien tiene que explicar. Y es todavía más grave que nadie responda”, sostuvo el senador, quien insistió en la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento.
Asimismo, reclamó que se presenten las grabaciones de las cámaras corporales utilizadas por los agentes policiales, a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos y verificar las actuaciones de los uniformados.
La solicitud forma parte de una resolución depositada el pasado 15 de octubre, mediante la cual Taveras propone convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que comparezcan ante el Senado.
El legislador considera que ofrecer explicaciones y garantizar la transparencia en estos procedimientos es fundamental para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer una institución policial que proteja la vida y los derechos de todas las personas.
“Lo que defendemos es un Estado de derecho donde se proteja la vida de todos, sin distinción”, afirmó.