Un informe reciente de Amnistía Internacional cuestiona la narrativa oficial que señala a los pacientes haitianos como una carga para el sistema de salud en República Dominicana. La organización afirma que, tras analizar datos oficiales, no existe evidencia de que la atención médica a migrantes haitianos genere una presión extraordinaria sobre la infraestructura hospitalaria. Además, acusa al Gobierno dominicano de utilizar este discurso como una cortina de humo para desviar la atención de la baja inversión pública en salud.
Según el informe “Salud sin estigmas: El impacto de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana”, el país es el segundo de la región con menor gasto público en salud como porcentaje del PIB, destinando apenas un 2.7%, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque el presupuesto en salud ha registrado un crecimiento del 5% entre 2022 y 2024, Amnistía Internacional considera que estos incrementos son insuficientes para alcanzar los estándares internacionales.
La organización denuncia que, en lugar de fortalecer el sistema sanitario, el Gobierno ha optado por responsabilizar a la población percibida como haitiana, implementando un protocolo migratorio en hospitales públicos que condiciona el acceso a la atención médica. Este mecanismo, según el informe, expone a los pacientes a detenciones arbitrarias y deportaciones, lo que genera un clima de temor que disuade a muchas personas de acudir a centros de salud.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, subrayó que los hospitales deben ser espacios de cuidado y no de vigilancia. En ese sentido, instó a las autoridades dominicanas a eliminar de inmediato las medidas discriminatorias y a garantizar el acceso universal a la salud, sin importar la nacionalidad o el estatus migratorio de los pacientes.
El informe también desmiente que los migrantes haitianos estén saturando los servicios de salud. Según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), en el primer trimestre de 2025 —antes de la implementación del protocolo migratorio— los pacientes haitianos representaron solo el 7.9% de las consultas y el 14.8% de las hospitalizaciones. Además, la participación de esta población en servicios como emergencias, cirugías y consultas se ha mantenido estable o incluso ha disminuido en los últimos dos años, a pesar del aumento general en la demanda de atención médica.
Amnistía asegura que no existe un aumento significativo en la presión ejercida por la población haitiana sobre el sistema de salud dominicano. Por el contrario, insiste en que el verdadero desafío radica en la baja inversión estatal y en la necesidad urgente de adoptar políticas públicas inclusivas, que garanticen el derecho a la salud sin discriminación ni estigmatización.