Amnistía Internacional (AI) manifestó este martes su rechazo al nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado el 3 de agosto por el presidente Luis Abinader, al mantener la penalización absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto, riesgo para la vida de la madre o malformaciones fetales incompatibles con la vida.
El texto legal, aprobado por el Congreso Nacional tras años de debate, “ignoró buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que reclamaban una legislación más garantista”, señaló AI en un comunicado.
Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de AI, afirmó que con esta promulgación “el presidente consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género”. Según la organización, la normativa perpetúa una “prohibición draconiana” que pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad de mujeres y niñas.
La República Dominicana figura entre los países con mayor mortalidad materna en la región, con estimaciones que indican que al menos el 10% de estas muertes están vinculadas a abortos inseguros, recordó la entidad.
Además de la prohibición total del aborto, AI y organizaciones locales denunciaron otras disposiciones del nuevo Código Penal que, a su juicio, profundizan la discriminación y la violencia de género. Entre ellas, mencionan la prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra mujeres adultas, una tipificación considerada regresiva de la violencia sexual en el contexto de pareja, la tolerancia al castigo físico contra niñas y niños, y la omisión de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de AI, señaló que estas omisiones responden a “una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres”.
Amnistía Internacional urgió a las autoridades y al Congreso Nacional a modificar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ sean elementos centrales de la legislación penal.