Santo Domingo.- Un grupo de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) llevó a cabo allanamientos este martes en áreas de tecnología y servicio al usuario, donde se sospechaba que algunas personas con antecedentes penales estaban obteniendo documentos de buena conducta de forma desigual .

Estos allanamientos se vuelven importantes porque se trata del caso del abogado de Joel Ambioris Pimentel García, conocido como «La J», quien ha sido señalado por amenazar a la procuradora Miriam Germán Brito.

El abogado afirmó públicamente que «La J» nunca había tenido problemas con la justicia y no tenía antecedentes penales, mostrando un documento emitido por la Procuraduría General de la República para respaldar su versión.

«La J» es considerado el principal implicado en la operación Halcón IV, que es una operación enérgica contra el crimen organizado y que comenzó este martes con allanamientos en la ciudad de Santiago, realizados por agentes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional.

Las autoridades encargadas de la investigación han sido cautelosas en divulgar detalles específicos sobre los allanamientos y las personas involucradas, debido a la complejidad del caso y su objetivo de esclarecer posibles vínculos entre individuos con antecedentes penales y la obtención de documentos de buena conducta.

Este escenario presenta la responsabilidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, y también afecta la confianza de la población en el sistema de justicia y en el adecuado funcionamiento de los procesos judiciales.

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